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Economía: El Senado aprobó que barcos extranjeros puedan transportar mercaderías entre puertos argentinos
20/11/2026 | 10 visitas
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La reforma del régimen de cabotaje habilita la participación de buques de cualquier bandera en el transporte fluvial y marítimo de cargas nacionales, con excepciones para actividades estratégicas. El proyecto busca ampliar la oferta de embarcaciones, reducir costos logísticos y fortalecer la conexión entre las economías regionales, aunque generó cuestionamientos por su impacto en el empleo y la marina mercante argentina. Obtuvo 42 votos afirmativos y 24 negativos, y ahora deberá ser debatido en la Cámara de Diputados.

El Senado de la Nación otorgó media sanción durante la madrugada de este viernes la reforma del régimen de cabotaje nacional, marina mercante y admisión temporaria, que habilita a barcos extranjeros a transportar mercaderías entre puertos argentinos. La iniciativa fue aprobada por 42 votos afirmativos, 24 negativos y ninguna abstención, luego de un debate atravesado por cuestionamientos de la oposición sobre los cambios introducidos al dictamen a último momento.

La norma modifica un régimen que mantenía reservado el transporte de cabotaje a embarcaciones de bandera argentina desde 1944. Con el nuevo esquema, los buques extranjeros podrán participar de buena parte del traslado de cargas dentro del país, sin necesidad de solicitar autorizaciones excepcionales para cada operación.

El proyecto fue impulsado a partir de una iniciativa de la senadora Carolina Moisés, respaldada inicialmente por gobernadores del Norte Grande. El oficialismo defendió la reforma como una herramienta para reducir los costos de transporte, aprovechar la capacidad de la Hidrovía Paraguay-Paraná y mejorar la competitividad de las economías regionales.

El Senado aprobó que barcos extranjeros puedan transportar mercaderías entre puertos argentinos

Sin embargo, la apertura no será total: la legislación mantiene determinadas actividades reservadas a embarcaciones argentinas, incorpora incentivos para los armadores nacionales y establece condiciones para la incorporación progresiva de trabajadores argentinos o residentes permanentes en las tripulaciones de buques extranjeros.


Qué cambia con la apertura del cabotaje nacional

El principal cambio es que la navegación, comunicación y comercio de cabotaje podrán ser realizados tanto por buques de bandera argentina como por embarcaciones extranjeras. Esto permitirá que una nave pueda cargar mercadería en un puerto argentino y descargarla en otro, sin tener que gestionar una autorización especial para cada recorrido.

La reforma alcanza a los principales corredores fluviales y marítimos del país, entre ellos la Hidrovía Paraguay-Paraná, el río Uruguay y la costa atlántica hasta Ushuaia.

De esta manera, productos como granos, fertilizantes, contenedores, madera y arena podrán trasladarse mediante embarcaciones extranjeras, ampliando la oferta disponible para productores y empresas que necesitan transportar mercaderías entre distintas regiones.


Uno de los argumentos del Gobierno es que el sistema anterior generaba dificultades por la escasez de buques nacionales disponibles. Según los datos difundidos por el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, desde 2018 se presentaron alrededor de 540 pedidos de excepción para realizar operaciones de cabotaje con barcos extranjeros, de los cuales más del 98% fueron autorizados. Los trámites podían demorar hasta 90 días.

La reforma busca convertir ese mecanismo excepcional en una posibilidad contemplada de manera general por la legislación.

Actividades reservadas a barcos argentinos

La apertura del cabotaje contempla excepciones para determinadas actividades consideradas estratégicas, que continuarán siendo exclusivas de buques de bandera argentina o con tratamiento de bandera nacional, de acuerdo con la Ley 27.419 de Desarrollo de la Marina Mercante.

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  • La pesca.
  • El transporte de combustibles e hidrocarburos líquidos o gaseosos, con excepción del gas natural licuado.
  • El remolque de maniobra de buques oceánicos.
  • Los servicios de lanchas de amarre y de prácticos.
  • La navegación deportiva.
  • El transporte de pasajeros y vehículos en embarcaciones de hasta 500 unidades de arqueo bruto, salvo los servicios con origen, escalas o destino final en el extranjero.
  • El apoyo a la exploración y explotación de hidrocarburos costas afuera y las operaciones de regasificación de gas natural licuado.

La legislación también establece que las cargas con origen y destino final fuera de la Argentina serán consideradas transporte internacional, incluso cuando incluyan escalas o transbordos en puertos nacionales. Por lo tanto, podrán ser trasladadas por embarcaciones de cualquier bandera sin autorización previa.

Además, los buques extranjeros podrán combinar cargas de cabotaje con mercadería internacional durante un mismo viaje o convoy.


En cuanto a las tripulaciones, se estableció que, cuando la legislación del país de bandera permita incorporar trabajadores de otras nacionalidades, los armadores deberán priorizar gradualmente a argentinos o residentes permanentes en el país una vez transcurridos 180 días desde el inicio de las operaciones de cabotaje.

Incentivos para la marina mercante nacional

La reforma también incorpora beneficios para los armadores argentinos, con el objetivo de mejorar sus condiciones de competencia frente a las embarcaciones extranjeras.

Entre las medidas difundidas por el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, se encuentra la eliminación del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ITC) y del gravamen sobre las emisiones de dióxido de carbono para el combustible utilizado en el cabotaje que se abre a la competencia.


También se contemplan una alícuota del 25% en el Impuesto a las Ganancias y mecanismos de amortización acelerada para las inversiones de los armadores nacionales.

A esto se suman modificaciones administrativas para agilizar las operaciones, como la incorporación de contenedores en admisión temporaria, el despacho en origen y la implementación del removido digital.

El objetivo es reducir los costos operativos y facilitar la circulación de mercaderías entre los puertos argentinos.


Qué provincias podrían beneficiarse con la reforma

Cacace destacó que la apertura permitirá aprovechar la infraestructura fluvial y marítima existente y ampliar las alternativas de transporte para distintas regiones productivas.

En el Norte Grande, Chaco y Formosa aparecen entre las provincias que podrían beneficiarse por su ubicación sobre la Hidrovía Paraguay-Paraná. La disponibilidad de barcazas extranjeras permitiría trasladar granos y otras producciones sin depender exclusivamente del transporte terrestre.

En Misiones y Corrientes, la reforma apunta a mejorar la conexión de los puertos con los mercados internacionales. Cacace mencionó como ejemplo el traslado de contenedores desde Eldorado hacia China, con un costo estimado de 2.500 dólares por vía fluvial frente a 3.600 dólares por tierra.


También señaló oportunidades para Entre Ríos y Santa Fe, vinculadas con el transporte de granos y fertilizantes, y para Neuquén, donde la arena utilizada por la actividad hidrocarburífera de Vaca Muerta podría trasladarse mediante embarcaciones en lugar de recorrer largas distancias en camiones.

En el caso de la Patagonia, el funcionario mencionó a Chubut y Tierra del Fuego por su dependencia del transporte de contenedores entre Buenos Aires y los puertos australes. Como referencia, indicó que Ushuaia movilizó alrededor de 34.700 contenedores mediante cabotaje durante 2025. La apertura podría ampliar la frecuencia de los servicios y las alternativas para el traslado de mercaderías hacia el sur del país.

El debate: críticas por los cambios de último momento

La discusión en el recinto estuvo atravesada por cuestionamientos del bloque Justicialista, luego de que Carolina Moisés informara que se habían incorporado modificaciones al dictamen poco antes de su tratamiento.


El jefe de esa bancada, José Mayans, cuestionó el procedimiento y reclamó que el proyecto regresara a comisión para analizar los cambios.

«Esto cambia prácticamente todo el proyecto», advirtió. Luego agregó: «Esto es para trabajarlo en comisión. No se puede hacer con este grado de improvisación. No se puede venir a cambiar todo el proyecto acá. Es un nuevo despacho. No tenemos posibilidad de aportar nada. Es una falta de respeto desde el plano legislativo. Se reformaron 20 artículos y nadie entiende nada».

En la misma línea, el senador santafesino Marcelo Lewandowski sostuvo que la iniciativa era importante para su provincia, pero cuestionó la forma en que se incorporaron las modificaciones.


«No puedo avalar esto. Es un mamarracho. No se puede votar una ley así. Cambiaron todo sobre la marcha. ¿Cuál era el motivo para no esperar una semana más? ¿Cuál es el apuro? ¿No se puede ser más prolijo en una ley tan importante? No puedo entenderlo. Es un cambalache todo esto», expresó.

La oposición intentó devolver el proyecto a comisión mediante una moción presentada por Jorge Capitanich. La propuesta fue rechazada por 41 votos negativos contra 25 afirmativos y el debate continuó en el recinto.

Moisés defendió el reclamo de los gobernadores del Norte Grande

La senadora Carolina Moisés defendió la iniciativa y sostuvo que responde a un reclamo de las provincias que necesitan alternativas para trasladar sus producciones hacia los puertos.

«Hay un montón de personas que no quieren cambiar la Argentina. Por supuesto que es más fácil escuchar, o tener que ceder con tres o cuatro sectores estructurales que definen esta economía… Pero yo prefiero pararme del lado de las empresas del interior; prefiero pararme del lado de los productores del interior, prefiero pararme del lado de las oportunidades de trabajo que tenemos la obligación de generar en el interior del país», manifestó.

La legisladora también cuestionó las diferencias logísticas entre las regiones y planteó que el transporte hacia los puertos de Buenos Aires representa una desventaja para los productores del norte argentino.

«Es el consenso de todos los gobernadores de la Argentina, a pesar de que fue una iniciativa de los gobernadores del Norte Grande que dijeron: ¿por qué nosotros tenemos que pagar para llegar al puerto de Buenos Aires? ¿200 años después nos damos cuenta?», expresó.


Además, aclaró que la propuesta no busca enfrentar a las provincias del interior con la ciudad de Buenos Aires: «Esto no es una pelea del interior con Buenos Aires, porque, además, este proyecto no afecta en nada los intereses de la Capital Federal, del puerto de Buenos Aires, ni de otros puertos de la provincia… Es simplemente pelear por los derechos que nos corresponden».

Por su parte, la senadora misionera Sonia Rojas Decut respaldó la reforma y sostuvo que el país necesita alternativas para reducir la dependencia del transporte por carretera.

«Más del 90% de las cargas argentinas se transporta por carretera, por eso es importante generar alternativas como el ferrocarril o el transporte fluvial. Se trata de construir un sistema donde cumplan cada uno su función y que producir lejos de Buenos Aires no sea una desventaja», señaló.


Capitanich advirtió por el empleo y la industria naval

Desde el bloque Justicialista, Jorge Capitanich cuestionó el alcance de la apertura y advirtió sobre sus posibles consecuencias para los trabajadores del sector y la industria naval argentina.

El senador mencionó que representantes de sindicatos navieros y de la marina mercante no habían podido participar del debate y aseguró que existía preocupación por el impacto de una desregulación amplia.

«De 131 países ribereños, 105 restringe su correspondiente cabotaje», señaló. En ese sentido, advirtió que una apertura sin mecanismos de regulación y desarrollo de infraestructura podría provocar «apertura indiscriminada y destrucción de empleo nacional y de la industria naval argentina».


Capitanich también recordó la trayectoria de la marina mercante nacional y sostuvo que su desarrollo debe formar parte de una estrategia de transporte multimodal.

«La marina mercante es una opción estratégica en la República Argentina», afirmó. Además, consideró que la reforma no resuelve por sí sola los problemas logísticos y planteó la necesidad de renegociar el Tratado de la Hidrovía Paraná-Paraguay y avanzar en acuerdos bilaterales con Paraguay para corregir asimetrías.

El oficialismo defendió la apertura como una herramienta para producir más

En el cierre del debate, el senador libertario Juan Cruz Godoy defendió el proyecto y aseguró que fue discutido con representantes de distintos sectores.


«Esta no es una desregulación masiva, sino que es una liberalización para una actividad que hoy no se realiza», sostuvo.

Como ejemplo, mencionó la situación del puerto de Barranqueras, en Chaco, y señaló: «La última barcaza que salió del Puerto de Barranqueras en Chaco fue en 2021. Para nosotros los chaqueños, los puestos de trabajo ya se perdieron».

El legislador consideró que la reforma permitirá establecer reglas más previsibles para las empresas que quieran operar en el transporte fluvial y marítimo. «Lo único que pedimos es que nos acompañen para dejarnos trabajar», expresó.


Finalmente, vinculó la apertura del transporte con la necesidad de fortalecer la producción nacional: «Y para generar soberanía, primero tenemos que fortalecer nuestro entramado productivo», concluyó.

Con la aprobación del Senado, la reforma establece un nuevo marco para el transporte de mercaderías entre puertos argentinos, con participación de embarcaciones extranjeras, excepciones para actividades estratégicas e incentivos para los armadores nacionales. El cambio apunta a modificar un régimen vigente desde hace más de ocho décadas y abre una nueva etapa para la logística fluvial y marítima del país.

fuente: la opinión austral 

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