En diálogo con El Mediador, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, Javier Álvarez Vento, administrador de la estancia Punta Loyola, se refirió a la contaminación que afecta al establecimiento por la dispersión de residuos plásticos provenientes del vaciadero municipal de Río Gallegos.

El administrador explicó que el basural lleva tres años activo y el impacto comenzó prácticamente desde el primer mes de funcionamiento. “Ya teníamos las 5.000 hectáreas tapadas de bolsa, empezaron a tirar basura y cuando fue el primer ventarrón las desparramó”, relató.

Según describió, los residuos quedan enganchados en las matas y se acumulan en los mismos sectores. Cuando se producen vientos fuertes, algunas bolsas llegan a desplazarse hasta 3.000 metros, mientras que otras permanecen en el lugar donde quedaron atrapadas.

“Cada vez hay más plástico, o sea la misma mata antes tenía una bolsa y ahora tiene 40 ó 50 bolsas pegadas y es lo que va quedando”, explicó.

Para dimensionar la contaminación, contrataron personas que realizaron un relevamiento mediante muestras tomadas cada 20 metros. El estudio permitió identificar una zona de dispersión de entre 2.800 y 3.000 metros de largo por unos 2.000 metros de ancho, principalmente hacia el oeste y el suroeste, debido a la dirección predominante de los vientos.

“Esa es la pluma más importante, lo que se llama la pluma de dispersión”, señaló. También aclaró que hay residuos en otros sectores, aunque en menor cantidad.

El campo quedó inutilizado para la producción

Álvarez Vento explicó que la estancia debió modificar su actividad productiva por los riesgos que representa la presencia de plástico para los animales.

“Por prevención tuvimos que vender las vacas, ahí trabajábamos mucho con vacas, como está cerca de la ciudad, y ahora hubo que sacarlas”, contó.

Además, describió cómo fue cambiando el estado del terreno con el paso del tiempo: durante el primer año había bolsas sobre las matas, pero debajo el suelo permanecía intacto. En el segundo año comenzaron a encontrar papel y bolsas trituradas, mientras que actualmente se presentan distintas combinaciones de residuos.

“Hoy ya es un peligro usarlo, no lo usamos para nada”, afirmó.

En ese sentido, explicó que la decisión de retirar la hacienda responde a la necesidad de evitar que los animales queden expuestos a la contaminación. “Si vos metés animales ahí, los estás sometiendo a una situación riesgosa o los estás sentenciando a que se envenenen, por eso nosotros lo que hacemos es prevenir no poniendo hacienda”, sostuvo.

El origen del problema y el proyecto que no se concretó

El administrador sostuvo que la contaminación podría haberse evitado si se hubiera respetado el proyecto original previsto para el predio. Según explicó, el lugar fue construido entre 2018 y 2019 para funcionar como un relleno sanitario de basura compactada, que debía recibir residuos previamente tratados en la ciudad.

Álvarez Vento recordó que el estudio de impacto ambiental se realizó en 2017 y que, después de la construcción de la obra, quedó pendiente la ejecución de la otra parte del proyecto: la separación de residuos y la compactación de aquellos que no podían reciclarse.

Para explicar el funcionamiento previsto, lo comparó con el sistema del CEAMSE en Buenos Aires, donde los residuos llegan compactados en paquetes que no pueden ser dispersados por el viento.

“Todo el trabajo que venimos haciendo es porque es completamente evitable”, remarcó.

En ese marco, explicó que el principal pedido es que dejen de arrojar bolsas sin compactar. “Yo no puedo pensar a futuro si mañana me seguís tirando, me seguís tirando, me seguís tirando”, expresó.

Su objetivo es que, una vez que cese esa modalidad de disposición de residuos, se pueda alambrar el sector afectado y recuperar el resto del establecimiento, delimitando las áreas donde ya no haya presencia de plástico.

La instancia judicial

En el marco del reclamo, Álvarez Vento informó que se llevó adelante una audiencia semi-informativa. La primera se realizó en agosto de 2025, cuando subrogaba el juez Bersanelli, quien solicitó un plano a la Municipalidad y dispuso una inspección ocular que se concretó en diciembre de ese año.

Después de esa inspección se produjo la feria judicial y la causa quedó demorada porque el juzgado no tenía un juez a cargo. La situación cambió con la asunción de la jueza Aguiar, a fines de agosto, quien tomó intervención y solicitó una nueva audiencia.

Sobre el último encuentro, explicó que la jueza manifestó que ya conocía la causa aunque quería saber si había habido modificaciones durante el último año .

El administrador dijo que uno de los puntos positivos fue que la jueza rechazó la posibilidad de unificar la causa de la estancia con el amparo por el basural de Río Gallegos. “La jueza marcó el criterio de que ella no las va a unificar porque entiende que son dos causas similares, pero separadas, que no es una consecuencia de la otra, así que estamos muy contentos”, expresó.

Además, destacó que la magistrada manifestó su intención de dictar sentencia durante este mes. Mientras tanto, otorgó cinco días hábiles a la Municipalidad y a la empresa para presentar el plan que habían mencionado durante la audiencia.

“Después de eso la jueza ya está lista para determinar la sentencia”, indicó.

Por qué la demanda apunta contra el Municipio

Álvarez Vento explicó que el amparo fue presentado directamente contra la Municipalidad de Río Gallegos porque “es la que contrató a una empresa para que haga un trabajo y es la que tiene que verificar que lo esté haciendo bien”. También explicó que decidieron no iniciar la acción contra una empresa en particular porque, si esa firma se retirara y fuera reemplazada por otra, el problema podría continuar y deberían comenzar nuevamente un proceso judicial.

“Estamos protegiendo nuestra fuente de trabajo y nuestro modo de vida”

Por otro lado, Álvarez Vento rechazó que exista una motivación política detrás del reclamo y explicó que la decisión de hacer público el conflicto busca encontrar una solución y proteger la continuidad de la actividad de la estancia, que lleva 140 años de producción en la zona.

“Principalmente, lo que estamos protegiendo es nuestra fuente de trabajo, nuestro modo de vida también. Porque el basural atenta directamente contra nuestro modo de vida y nuestra actividad económica”, afirmó.

“Nosotros lo que queremos es que se hagan las cosas bien y que cumplan con el estudio de impacto ambiental, que es algo que ya se definió hace 10 años”, concluyó.

FUENTE: TIEMPO SUR