La investigación iniciada por la Comisaría de la Mujer y la Familia, que este miércoles derivó en un operativo de la División Cibercrimen en la Avenida Almirante Brown, pone de manifiesto un perfil de conducta que la Justicia ya conoce en detalle. El sospechoso, un hombre de unos 40 años, volvió a quedar supeditado a una causa por delitos graves contra la integridad de menores de edad, esta vez investigado por presunto abuso sexual con acceso carnal.

Durante el procedimiento de hoy, en el que se incautaron celulares, pendrives y discos de memoria, las autoridades ordenaron que el involucrado establezca domicilio a disposición del Juzgado Penal, sin que se dispusiera una medida restrictiva de la libertad. La resolución generó atención debido al perfil que el imputado ha trazado en los registros judiciales a lo largo de los últimos catorce años.

Un patrón que comenzó en 2012

El historial del sospechoso tuvo su primer punto crítico el 18 de septiembre de 2012, cuando contaba con 27 años. En aquella oportunidad, efectivos de Delitos Complejos lo interceptaron en la esquina de Néstor Kirchner y Magallanes mientras intentaba captar a un menor de edad. Al notar la presencia policial, el sujeto aceleró su vehículo —un Volkswagen Gol— y embistió a un policía de civil antes de ser reducido.

Aquel episodio abrió una investigación que reveló el uso recurrente de perfiles en redes sociales para contactar a niños y adolescentes, entablar confianza mediante mensajes y el envío de material pornográfico, y buscar encuentros presenciales. En los allanamientos de la época, en su domicilio de la calle Almirante Brown y en el interior de su auto, los efectivos secuestraron computadoras, dispositivos de almacenamiento, revistas y preservativos.

La condena y la reiteración

El proceso judicial culminó en 2014 con una sentencia condenatoria por corrupción de menores dictada por la Cámara en lo Criminal. Cumplida la sanción penada por la ley, el paso de los años no pareció alterar el modus operandi señalado por los investigadores.

Hoy, más de una década después, las alertas se encendieron nuevamente bajo la misma modalidad de abordaje digital hacia menores de edad. Pese a la acumulación de material informático secuestrado en la jornada de hoy y al antecedente condenatorio firme que figura en su prontuario, la resolución judicial determinó que el imputado aguarde las pericias de la causa en libertad, manteniendo la obligación formal de fijar domicilio ante el juzgado interviniente.

FUENTE: TIEMPO SUR