Trabajadores y jubilados estatales de Río Gallegos reclamaron este miércoles 7 de octubre en una sucursal del Banco Santa Cruz por débitos aplicados sobre sus cuentas sueldo para cancelar deudas y compromisos financieros. La situación se registró durante la mañana en la sede de avenida Kirchner, donde al menos siete personas pidieron explicaciones por descuentos que, según denunciaron, en algunos casos dejaron sus cuentas sin saldo disponible.

El reclamo generó momentos de tensión dentro de la entidad y fue necesaria la intervención del personal de seguridad para calmar a uno de los damnificados que elevó la voz mientras exigía respuestas.

Los casos se conocieron en medio de la vigencia del Plan de Alivio Financiero, impulsado por el Gobierno de Santa Cruz y el Banco Santa Cruz para refinanciar deudas de trabajadores y jubilados estatales que tiene vigencia hasta diciembre. Según pudo saber La Opinión Austral, fuentes bancarias admitieron que los descuentos existieron a clientes que no se adhirieron al Plan. Además recordaron que si hubo algún error en el descuento de los haberes las personas deben comunicarse al 0800 del banco y si es válido la entidad bancaria le devuelve el dinero.

Un salario de $3,4 millones quedó en cero

Uno de los reclamos formalizados ante el Banco Santa Cruz fue presentado este 7 de octubre por una trabajadora estatal, quien intimó a la entidad a restituir los fondos debitados y cuestionó que dos operaciones sucesivas hayan absorbido la totalidad de los haberes acreditados en su cuenta sueldo.

De acuerdo con la presentación, ese día se acreditaron $3.404.022,02. Poco después se realizaron dos débitos: uno por $2.804.360,76, identificado como “DEB TARJETA VISA”, y otro por $599.661,26, bajo el concepto “DB. COBERTURA AUTOMÁTICA”.

La suma de ambas operaciones coincidió exactamente con el monto depositado. Como consecuencia, la cuenta quedó sin disponibilidad de fondos.

La trabajadora sostuvo en su presentación que el resultado fue que el banco absorbió el ciento por ciento de su remuneración y que quedó sin recursos para afrontar gastos básicos. “Nos dejaron con las cuentas en $0”, es el reclamo que sintetiza la situación planteada por los trabajadores que acudieron a la sucursal.

El reclamo por el stop debit

Uno de los puntos centrales de la intimación presentada este miércoles es que la trabajadora asegura haber concurrido previamente al Banco Santa Cruz para buscar una alternativa que le permitiera regularizar su deuda.

Según relató en el documento, solicitó una refinanciación de los consumos de la tarjeta de crédito. Sin embargo, aseguró que desde la entidad le indicaron que en ese momento “no existía deuda” susceptible de ser refinanciada y que, frente al próximo débito, debía solicitar un stop debit.

La trabajadora afirmó que siguió esa indicación y realizó dos solicitudes de stop debit con el objetivo de evitar que el débito automático afectara sus haberes.

Sin embargo, según consta en la intimación, el 7 de octubre se efectuó igualmente el débito correspondiente a la tarjeta por $2.804.360,76 y posteriormente otro por $599.661,26 en concepto de cobertura automática.

Por ese motivo, exigió al banco que informe qué tratamiento recibieron las dos solicitudes, sus fechas de registración, números de gestión, estado y fundamentos por los cuales finalmente se ejecutaron los débitos.

La presentación establece un plazo de 24 horas para que la entidad restituya los fondos que, según sostiene, fueron debitados de manera indebida. Además, solicita que el banco informe el fundamento contractual y jurídico del débito de $2.804.360,76 y entregue la documentación que justifique la operación.

También pide información detallada sobre el estado de la tarjeta de crédito, incluidos el saldo anterior, consumos, capital, intereses, financiación, vencimientos y pagos registrados.

Otro de los puntos reclamados es que se explique por qué, pese a las dos solicitudes de stop debit, el débito terminó ejecutándose y por qué dos operaciones consecutivas pudieron absorber la totalidad del salario acreditado.

La trabajadora también exigió el cese de cualquier mecanismo de débito, compensación, retención o cobertura automática que pueda volver a provocar una afectación total de sus futuros haberes.

Protección del salario

La presentación sostiene que los fondos depositados en una cuenta sueldo tienen carácter alimentario y cuestiona que una entidad financiera pueda absorber la totalidad de una remuneración.

En particular, la trabajadora invocó el Decreto-Ley 6.754/43, ratificado por la Ley 13.894, que establece un régimen de protección para los sueldos, salarios, pensiones y jubilaciones de empleados de la administración pública. La norma declara la inembargabilidad de esas remuneraciones por obligaciones derivadas de préstamos, con las excepciones y límites establecidos por el propio régimen.

El decreto establece, entre otros aspectos, que los empleados públicos pueden afectar hasta el 20% de su remuneración nominal mensual para determinadas obligaciones crediticias que cumplan con los requisitos previstos por la norma.

La intimación también menciona las garantías constitucionales vinculadas con la protección del salario, la defensa del consumidor y los derechos de los usuarios de servicios financieros.

El Plan de Alivio Financiero continúa hasta diciembre

En paralelo, el Gobierno provincial y el Banco Santa Cruz mantienen vigente el Plan de Alivio Financiero, una herramienta destinada a trabajadores activos y pasivos de la Administración Pública provincial.

El programa fue prorrogado inicialmente hasta el 31 de diciembre de 2026 y posteriormente volvió a ser mejorado. En septiembre, el Gobierno anunció una reducción de la tasa al 35%, tres meses de gracia y la ampliación del plazo de financiación hasta 120 cuotas. También confirmó que la adhesión permanecerá abierta hasta fin de año.

Actualmente, el propio Banco Santa Cruz informa que el programa permite reorganizar y cancelar deudas financieras para unificar compromisos en una sola cuota. Está dirigido a activos y pasivos de la Administración Pública provincial y contempla deudas con la entidad, sujetas a evaluación crediticia y al cumplimiento de los requisitos correspondientes.

La existencia de este programa es uno de los elementos que los trabajadores colocan en el centro del reclamo: mientras existe una herramienta oficial de refinanciación destinada a reducir el peso de las deudas sobre los ingresos, algunos usuarios denuncian que sus salarios fueron afectados por débitos automáticos antes de poder resolver su situación financiera.

Vía judicial

En su presentación, la trabajadora dejó asentado que, si el banco no restituye los fondos y brinda una respuesta satisfactoria, analiza iniciar acciones judiciales, incluidas medidas cautelares destinadas a recuperar la disponibilidad del salario.

También anticipó reclamos ante el Banco Central de la República Argentina y organismos de defensa del consumidor.

La intimación solicita, además, que la entidad preserve los registros vinculados con las operaciones cuestionadas, incluidos movimientos internos, instrucciones de débito, autorizaciones, registros informáticos y documentación relacionada con las solicitudes de refinanciación y stop debit.

fuente: la opinion austral