Las ciudades de Río Gallegos y de Gobernador Gregores fueron el telón de fondo de una historia de terror que, hasta hace poco, se escondía a plena luz del día. Detrás de los percheros repletos de ropa y las vidrieras comerciales, una joven migrante boliviana de apenas 19 años padeció un calvario de esclavitud moderna.

Este jueves, el sistema penal argentino dio un paso histórico: el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, mediante la firma del juez Mario Reynaldi en un tribunal unipersonal, condenó a ocho años de prisión a Noemí Edith Choque Laura y Ramy Ramiro Álvarez Aramayo. La pareja, oriunda de Bolivia, fue hallada coautora responsable del delito de trata de personas agravado, ordenándose además un resarcimiento económico de 90 millones de pesos.

La trama de esta pesadilla se remonta a octubre de 2015, cuando los falsos espejismos de progreso atrajeron a la joven y a un primo desde Bolivia hacia el sur argentino. La promesa inicial era seductora para quien escapaba de la falta de oportunidades: un trabajo estable con un salario mensual de 2.500 pesos bolivianos para asistir a su familia. Sin embargo, al pisar suelo santacruceño, la realidad se convirtió en un cepo.

Choque Laura los despachó rápidamente hacia Gobernador Gregores, asegurando un aislamiento geográfico letal. Mientras el primo logró regresar a su país a los dos meses, al negarse a tolerar el asfixiante control, la joven quedó atrapada. Sus jornadas laborales se extendían desde las seis de la mañana hasta la medianoche, combinando la atención comercial con tareas de limpieza y servicio doméstico en la casa de sus captores.

Como era la mecánica

Durante el debate oral, el alegato del fiscal federal Gastón Franco Pruzan, acompañado por la auxiliar fiscal Virginia Haggi, desnudó el perverso mecanismo utilizado por los condenados. El representante del Ministerio Público Fiscal fue contundente al argumentar que los explotadores “se valieron de la vulnerabilidad en que se encontraba la víctima antes de los hechos; la educación secundaria truncada que la dejó sin herramientas de formación para la inserción laboral y su historia de violencia familiar y de grandes carencias económicas y afectivas”.

De acuerdo al fallo al que tuvo acceso La Opinión Austral, se pudo saber que la indefensión se multiplicaba por el desarraigo, un factor que el fiscal subrayó al sostener “que, tal como han expuesto las especialistas en la materia, es un aspecto no menor a la hora de analizar la situación de vulnerabilidad”. En la misma línea, analizó la interseccionalidad del padecimiento, remarcando que “tanto el género como la condición de migrante son dos factores importantes que pueden influir en las probabilidades de ser víctima de trabajo forzoso”. Con frialdad mercantil, concluyó el fiscal, “Los imputados tomaron ventaja de ello, creando una relación totalmente asimétrica, con la finalidad de explotar laboralmente a la víctima”.

El sometimiento trascendía la precarización laboral y buscaba la anulación total de la voluntad. La joven percibía, en los hechos, una fracción mínima de dinero entregada anualmente y sin ningún tipo de recibo legal; un falso sueldo del que, además, le descontaban la comida, la ropa y los traslados. No tenía control sobre su propio patrimonio ni sobre su identidad.

Según el testimonio de la fiscalía, “La imputada restringía la libertad de la víctima en tanto era quien decidía si la misma podía o no salir, cuándo podía hacerlo y bajo qué condiciones; limitando así su capacidad de autodeterminación y su libertad ambulatoria, al dejarla encerrada e impidiendo la comunicación con su familia y entorno social, con un evidente propósito de ejercer control total sobre ella”.

Además, los cruces telefónicos analizados por los investigadores revelaron un grado extremo de crueldad: Choque Laura interceptaba y pateaba sistemáticamente las llamadas de la madre y el hermano de la víctima, erigiendo un muro invisible para que nadie pudiera socorrerla.

En Río Gallegos

El accionar de los captores llegó al punto de utilizar a la joven como pantalla administrativa. En Río Gallegos, bajo la amenaza constante de deportarla de regreso a la pobreza de Bolivia sin un peso, la forzaron a firmar un contrato de alquiler comercial y a abrir una cuenta en el Banco Nación. El miedo a las represalias la paralizaba por completo, especialmente sabiendo que los acusados tenían familiares en la misma localidad boliviana que sus padres. Frente al cúmulo aplastante de pruebas, la defensa intentó esgrimir un argumento insostenible, asegurando que la joven era “parte de la familia” y que, durante esos años, “gozaba de plena libertad”. Esta frágil coartada fue demolida por el fiscal Pruzan, quien refutó estas afirmaciones indicando que el relato defensivo cedía “ante los diferentes mensajes hallados que demuestran de manera palmaria el ejercicio del dominio, control y explotación sobre la víctima”.

La grieta en este blindado sistema de esclavitud se produjo gracias a un eslabón fundamental en las dinámicas del interior del país: la empatía de los vecinos. En 2018, tras ser trasladada nuevamente a Gobernador Gregores sin documentos y sin celular, una clienta del local notó su estado.

Durante el juicio, esta testigo clave relató bajo juramento que observó a la joven profundamente “angustiada” y que gracias a esa mínima charla de mostrador pudo descubrir “que le daban la comida fraccionada, la obligaban a cumplir extensas jornadas laborales, que vivía con los patrones, que no tenía comunicación con la familia y le habían confiscado su teléfono celular”.

Fue esa misma clienta quien le facilitó su propio teléfono para contactar a la División Trata de Personas de la Policía de Santa Cruz. La huida se terminó de concretar semanas después, durante una visita consular boliviana a Río Gallegos, cuando la chica, aterrada, blanqueó que sus patrones podían arrebatarle su nueva cédula en cualquier momento.

Para cimentar la dura condena, Franco Pruzan destacó que la mujer declaró “no una, ni dos veces, sino un total de seis veces, y siempre fue consistente y coherente en su relato”. El trabajo interdisciplinario resultó vital; las intervenciones de las profesionales del Programa Nacional de Rescate y de la policía provincial fueron consideradas “fundamentales para acreditar la situación de vulnerabilidad y de explotación laboral”, expertas que calificaron todo el desgarrador relato como plenamente “verosímil”. Quedó materialmente probado que la pareja amasó “un lucro económico ilegítimo a expensas de la explotación de la víctima, valiéndose deliberadamente de su extrema situación de vulnerabilidad”.

El apartado civil de la sentencia representa hoy un caso de estudio por su solidez en materia de justicia restaurativa. Con el apoyo técnico de la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI) y la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB), la fiscalía armó una ingeniería de compensación inédita.

Condena

Franco Pruzan estableció una postura doctrinaria firme al recordar que “el derecho a una reparación es un principio de derecho internacional que obliga al Estado a brindar las herramientas necesarias para permitir la obtención de restitución y la indemnización por los daños ocasionados por violaciones graves a los derechos humanos”. La exigencia, convalidada por el magistrado, tasó la reparación en más de 91 millones de pesos desglosados en beneficio ilícito, lucro cesante y las profundas consecuencias no patrimoniales. El tribunal ordenó así el pago conjunto a favor de la víctima, librando oficios para iniciar un incidente de recupero de activos, enviar copias a Migraciones y a la Embajada, y remitir actuaciones a la justicia provincial para que se investigue un oscuro y presunto historial de abusos en la vivienda.

fuente: la opinión austral