El juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, volvió a darle al Gobierno nacional un plazo de cinco días para acreditar el cumplimiento total de la medida cautelar vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario 27.795.

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La resolución alcanza la actualización de los salarios de docentes y no docentes de las universidades públicas y la recomposición de programas de becas estudiantiles.

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El magistrado mantuvo además el apercibimiento de aplicar astreintes, es decir, sanciones económicas ante un eventual incumplimiento. Por el momento, esas multas no fueron aplicadas.

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Qué cuestionó el juez

Cormick consideró que la documentación presentada por el Ejecutivo permite acreditar solamente un "cumplimiento parcial" de la cautelar.

En materia salarial, el Gobierno informó convocatorias a paritarias, órdenes de pago e incrementos acumulados desde diciembre de 2023. Sin embargo, el juez planteó que todavía debe acreditarse que la actualización fue realizada conforme al mecanismo previsto en la ley.

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Según la resolución citada por TN, Cormick tomó como referencia la evolución del Índice de Precios al Consumidor del INDEC y señaló que "no se advierte de las propias respuestas de la parte demandada (...) que se haya alcanzado dicho incremento".

Qué sostiene el Gobierno

El Poder Ejecutivo mantiene una interpretación diferente.

En su presentación judicial sostuvo que otorgó un aumento salarial acumulado del 226,8% desde diciembre de 2023, que convocó nuevamente a negociaciones paritarias y que presentó una propuesta adicional del 3%. Con esos elementos, considera cumplida la cautelar y pidió que se deje sin efecto la intimación.

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La discusión judicial, por lo tanto, no pasa actualmente por la existencia de la cautelar, sino por si las medidas adoptadas por el Ejecutivo alcanzan para considerarla cumplida en su totalidad. 

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También hay diferencias por las becas

Otro punto de la resolución está relacionado con los programas destinados a estudiantes.

La Ley 27.795 contempla la recomposición de becas universitarias, mientras que el Ejecutivo presentó información vinculada con el programa Manuel Belgrano.

Según el fallo, esa documentación no sería suficiente para acreditar el cumplimiento total de lo dispuesto cautelarmente.

El Gobierno, en cambio, sostiene una interpretación más restrictiva sobre cuáles son los programas alcanzados por la norma. 

La apelación tampoco avanzó en esta instancia

El Ejecutivo había presentado una revocatoria y, de manera subsidiaria, una apelación para que el planteo pudiera llegar a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal.

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Cormick mantuvo su criterio y no concedió esa apelación subsidiaria en esta instancia, en el marco de una discusión que continuará dentro del expediente judicial.

El conflicto coincide con un paro universitario

La resolución se conoce mientras docentes de universidades públicas nacionales llevan adelante un paro de 72 horas, iniciado este miércoles 30 de septiembre, en reclamo de una recomposición salarial y por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. 

La medida de fuerza está prevista hasta el viernes y alcanza a casas de estudios de distintas provincias del país.

La cautelar vinculada con el financiamiento universitario ya había sido objeto de distintas presentaciones judiciales. El 22 de septiembre, Cormick había intimado al Estado a cumplirla dentro de cinco días bajo apercibimiento de aplicar multas por cada jornada de demora. 

fuente: que pasa salta