El Gobierno argentino volvió a poner el foco sobre las empresas pesqueras que operan alrededor de las Islas Malvinas con licencias otorgadas por las autoridades británicas, en un conflicto que tiene varias décadas de historia y que volvió a cobrar relevancia en el marco de la actividad hidrocarburífera en el Atlántico Sur.

En diálogo con Radio LU12 AM680, el economista y exdirector del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), Enrique Mizrahi, explicó que la problemática pesquera en torno a las islas se remonta a la guerra de 1982 y que uno de los principales obstáculos para avanzar en mecanismos de regulación es la cuestión de la soberanía.

Mizrahi recordó que, antes de 1982, los barcos de bandera argentina tenían permitido pescar en las cercanías de las Malvinas, particularmente recursos como la merluza austral. Según relató, esa situación cambió después de la guerra y las autoridades de las islas comenzaron a otorgar licencias de pesca a embarcaciones de terceras banderas.

El especialista señaló además que algunas empresas que operaban en Argentina llegaron a participar de actividades vinculadas con licencias otorgadas por las autoridades de las islas, situación que derivó en la adopción de medidas y restricciones dentro de la legislación pesquera argentina.

El problema de las 200 millas

Uno de los puntos centrales del análisis de Mizrahi es la actividad pesquera que se desarrolla fuera de las 200 millas de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) argentina.

En esas aguas, explicó, existen recursos que son compartidos por las poblaciones de especies que se desplazan entre distintas áreas del Atlántico Sur. Entre ellos mencionó al calamar y distintas especies de merluza.

La posibilidad de establecer una organización regional de ordenación pesquera, tal como contempla la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), aparece como una alternativa para administrar esos recursos.

Sin embargo, Mizrahi advirtió que existe una dificultad diplomática vinculada con la participación británica. “La Argentina nunca pudo trabajar firmemente en la zona donde pescan todos los barcos fuera de las 200 millas para crear lo que llama la FAO una organización regional de organización pesquera”, explicó.

Según planteó, avanzar en un esquema de esas características podría implicar reconocer de manera indirecta al Reino Unido como Estado ribereño respecto de las Islas Malvinas, algo que entraría en contradicción con la posición argentina sobre la soberanía.

Un conflicto anterior al petróleo

Para el exdirector del INIDEP, la discusión actual no comenzó con los proyectos petroleros en la región. El desarrollo de la actividad hidrocarburífera, sostuvo, volvió a colocar en primer plano un conflicto pesquero que ya lleva décadas. “Lo nuevo es el tema del petróleo. Lo otro no es nuevo”, resumió durante la entrevista con Radio LU12.

Mizrahi también señaló que existe una dificultad para acceder a información completa sobre la actividad pesquera desarrollada alrededor de las islas. En ese sentido, evitó confirmar algunas de las estimaciones que circulan respecto del volumen de capturas y su impacto económico.

“Es un tema engorroso y será así hasta que no se resuelva el tema Malvinas y hasta que la Argentina, de alguna manera, pueda tener un acceso más concreto a la información”, sostuvo.

El especialista indicó además que hubo en el pasado mecanismos de control e intercambio de información, particularmente vinculados con el calamar, aunque consideró que actualmente persisten interrogantes respecto de la evolución de determinados recursos.

La presencia de la flota argentina

Consultado sobre la posibilidad de reforzar la presencia de buques de bandera nacional en la región, Mizrahi recordó que históricamente la flota pesquera argentina funcionó también como una forma de control sobre la actividad de embarcaciones extranjeras dentro de la ZEE.

Sin embargo, planteó las limitaciones que existen para cubrir la extensión del espacio marítimo argentino. “Es muy extenso el mar argentino para con 18 barcos poder solucionar el problema”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que una mayor presencia de la flota nacional puede contribuir al control, aunque no constituye por sí sola una solución para la problemática de fondo.

También recordó que, desde la perspectiva argentina, no debería existir una restricción para pescar en las aguas próximas a las Malvinas, dado el reclamo de soberanía sobre las islas. Como ejemplo de la modificación producida después de 1982, mencionó el caso de la merluza austral, cuya captura por barcos argentinos en esa zona dejó de realizarse después de la guerra.

“Todas las acciones son positivas” si se mantiene la vía diplomática

Respecto de las recientes acciones impulsadas por el Gobierno nacional, Mizrahi consideró que se trata de iniciativas que pueden ser positivas, aunque remarcó que deben desarrollarse dentro de los canales diplomáticos y pacíficos. “Todas las acciones que se tomen son positivas, siempre que sean dentro del término diplomático y pacífico”, sostuvo.

Al mismo tiempo, descartó cualquier posibilidad de una nueva confrontación bélica como vía de resolución del conflicto.

Para el economista, el desafío central continúa siendo encontrar mecanismos que permitan administrar los recursos pesqueros compartidos sin que la Argentina modifique su posición histórica respecto de la soberanía sobre las Islas Malvinas.

En ese punto radica, según explicó, una de las principales dificultades para avanzar en acuerdos internacionales sobre los recursos que se encuentran más allá de las 200 millas: cualquier mecanismo debe ser cuidadosamente diseñado para evitar que su implementación pueda interpretarse como un reconocimiento de la soberanía británica sobre las islas.

FUENTE: LA OPINION AUSTRAL