La fuerte caída de la recaudación tributaria durante el primer semestre de 2026 encendió una señal de alerta para las finanzas públicas de todo el país. Según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), la Nación y las provincias dejaron de percibir en conjunto $6,5 billones a valores constantes de junio, como consecuencia de la menor actividad económica y la reducción de algunos impuestos.

Del total de la pérdida, $5,32 billones correspondieron al Gobierno nacional, mientras que $1,21 billones afectaron a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En términos reales, los recursos que permanecen en manos de la Nación cayeron un 6,4%, mientras que los destinados a las provincias retrocedieron un 3% durante el primer semestre.

Para Santa Cruz, estos datos no son menores. La disminución de la coparticipación y de las transferencias automáticas limita la capacidad financiera de las provincias en un contexto donde continúan las demandas de inversión en infraestructura, salud, educación, seguridad y servicios esenciales.

El informe también señala que el principal impuesto coparticipable, el IVA, registró una caída real del 7,7%, mientras que los aportes y contribuciones a la seguridad social descendieron un 4%, reflejando el menor nivel de actividad económica.

A ello se suma que las transferencias automáticas a las provincias totalizaron $36,92 billones durante el semestre, pero representaron una baja real del 2,8% respecto del mismo período de 2025. La Coparticipación Federal cayó un 4,3%, compensada solo parcialmente por otros mecanismos como las leyes especiales y el Consenso Fiscal.

En este escenario, el debate sobre cómo sostener el nivel de inversión pública vuelve a cobrar fuerza. En Santa Cruz, el Gobierno provincial ha planteado en reiteradas oportunidades la necesidad de contar con herramientas de financiamiento que permitan continuar ejecutando obras estratégicas, aún en un contexto de caída de los ingresos provenientes de la Nación.

La evolución de la actividad económica y de la recaudación durante el segundo semestre será determinante para las cuentas provinciales. Mientras tanto, la menor disponibilidad de recursos obliga a todas las jurisdicciones a administrar con mayor cautela sus finanzas y a buscar alternativas para sostener el desarrollo y la prestación de servicios públicos.

fuente: la opinión austral