El portón de Alcorta 231, en Río Gallegos, fue el protagonista central del comienzo de la denuncia que la Fiscal de Estado Natalia Linardi realizó la semana pasada.

Tal como anticipó La Opinión Austral, según el escrito oficial los hechos se produjeron alrededor de las 11 de la mañana del martes 23 de junio cuando un grupo de manifestantes ocuparon los jardines y accesos de la sede gubernamental: impidieron el ingreso y egreso por el portón principal y obstaculizaron la circulación de vehículos oficiales.

Para la Fiscalía la protesta excedió los límites del derecho constitucional a peticionar y que la ocupación de los espacios de acceso a Casa de Gobierno habría afectado el normal funcionamiento de la administración pública.

Y aportó un dato significativo: los involucrados serían, en su mayoría, efectivos policiales en actividad o retirados, circunstancia que – a criterio del organismo- reviste especial gravedad institucional.

Ahora, una nueva y grave denuncia

Mientras continúa el conflicto salarial que mantiene en estado de tensión a parte de la Policía de Santa Cruz y al Servicio Penitenciario, la Justicia Provincial abrió una investigación a partir de una serie de denuncias que involucran presuntas comunicaciones internas intercambiadas entre integrantes de los sectores que impulsan las medidas de fuerza.

La Opinión Austral pudo confirmar que el expediente busca determinar la autenticidad y el alcance de distintos mensajes que habrían circulado en grupos de comunicación utilizados por efectivos policiales y penitenciarios.

A todo esto, fuentes judiciales confirmaron a este medio que podrían considerarse, como la anterior denuncia de la Fiscal de Estado, de “gravedad institucional” por las referencias “extremas” de las palabras utilizadas en los mensajes.

Las expresiones harían referencia a la posibilidad de generar situaciones críticas con personas alojadas en dependencias policiales: ¿podría haber un muerto?

Para la Justicia es primordial avanzar en la investigación de los mensajes. más allá de la situación actual del conflicto. Mientras, se analiza si fueron utilizados como mecanismo de presión para que el Gobierno Provincial acceda a las demandas salariales.

La Fiscalía de Instrucción procura establecer el contexto en que fueron emitidos, quiénes serían sus autores y si efectivamente existió una planificación concreta o si se trató únicamente de manifestaciones aisladas realizadas en el marco del conflicto.

Este medio, que accedió a algunos de esos mensajes que investiga la Justicia, no dará su difusión para no entorpecer la investigación.

Los límites de un reclamo legítimo

El reclamo salarial que llevan adelante distintos sectores policiales tiene antecedentes concretos y responde a una demanda por mejoras en los ingresos que el propio Gobierno Provincial viene negociando desde hace varias semanas mediante la Mesa del Salario y con ofertas concretas que no han sido aceptadas.

Desde la defensa de las instituciones, es sabido que en cualquier conflicto dentro de una fuerza armada por ley debe desarrollarse dentro del marco institucional y nunca mediante acciones que puedan poner en riesgo la vida, la integridad física de personas privadas de su libertad o la seguridad de la comunidad. Así lo reconocieron, además, a La Opinión Austral especialistas en seguridad que analizan el tema.

Si las denuncias que tiene la Justicia llegaran a confirmarse se estaría frente a conductas que exceden ampliamente un reclamo gremial y podrían configurar graves delitos.

El foco para la Justicia también está en quiénes reclaman: no pueden dejar de lado el estado policial que poseen y mantienen el arma reglamentaria en su poder.

En el gobierno siguen con atención este desenlace.

La investigación recién comienza

Si bien por el momento no existen imputaciones públicas ni resoluciones judiciales sobre los hechos denunciados, la tarea de la Justicia está en el análisis y verificación de la autenticidad de las comunicaciones, identificar a sus autores y determinar si las conductas denunciadas constituyen ilícitos penales.

Mientras tanto, el caso vuelve a poner sobre la mesa un debate sensible: cómo se lleva adelante un legítimo reclamo salarial sin permitir que, bajo ninguna circunstancia, se naturalicen prácticas intimidatorias, que comprometan la seguridad pública o la vida de terceros.

fuente: la opinion austral