El Superior Tribunal de Justicia de Chubut rechazó la impugnación extraordinaria interpuesta por la defensa de Federico Segundo Cifuentes y confirmó la condena a cuatro años de prisión de efectivo cumplimiento por el delito de facilitación de representaciones de menores de 18 años en actividades sexuales explícitas, agravado por tratarse de víctimas menores de 13 años, bajo la modalidad de delito continuado.

La causa se originó en el marco de la operación “Luz de Infancia IX”, impulsada por la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital (UFECyED) del Ministerio Público Fiscal de Chubut.

La investigación llevada adelante por la UFECyED determinó que Cifuentes descargó y facilitó, mediante la red P2P eMule desde su domicilio en Rawson, un total de 143 archivos con material de abuso sexual infantil entre julio de 2015 y abril de 2022. Asimismo, durante un allanamiento realizado en junio de 2022, se secuestró una computadora personal en la que se encontraron almacenadas 272 imágenes y seis videos de ese tipo de contenido.

De acuerdo con la hipótesis presentada por el fiscal jefe de la UFECyED, Fernando Rivarola, junto a su equipo de trabajo, la jueza Carolina Marín dictó la condena en primera instancia en mayo de 2024.

Posteriormente, la Cámara en lo Penal de Trelew confirmó la autoría y la materialidad del hecho, aunque dispuso un reenvío para redeterminar la pena. En octubre de 2024, la jueza María Laura Martini fijó la condena en cuatro años de prisión, decisión que fue ratificada por la Cámara en marzo de 2025.

Tras ese pronunciamiento, la defensa ejercida por el abogado Romano Cominetti presentó un recurso ante el Superior Tribunal de Justicia.

La decisión del Superior Tribunal

El Superior Tribunal de Justicia, presidido por el ministro Andrés Giacomone e integrado por los ministros Javier Raidan, Camila Banfi Saavedra, Ricardo Napolitani, Mario Vivas y Silvia Bustos, resolvió desestimar los dos agravios planteados por la defensa.

En relación con la materialidad del hecho, el tribunal concluyó que los archivos permanecían disponibles para otros usuarios de la red durante el proceso de descarga, conforme al funcionamiento habitual del programa utilizado, y que la computadora desde la cual se realizaron las operaciones se encontraba bajo el control exclusivo del imputado.

Respecto de la pena impuesta, el STJ consideró que la metodología empleada para establecer la escala penal, tomando en cuenta las distintas leyes aplicables durante el período comprendido por el delito continuado, resultó razonable y no implicó una agravación indebida de la situación del condenado.

Con el rechazo de la impugnación extraordinaria, la sentencia quedó firme y Federico Segundo Cifuentes deberá cumplir la condena de cuatro años de prisión de efectivo cumplimiento.

Con información del MPF