El conflicto entre el gobierno nacional y las universidades públicas por el presupuesto sumó un nuevo capítulo en busca de intentar destrabarlo, en medio de los paros, protestas y marchas convocadas por los gremios.

La reunión contó con la participación del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, y representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que nuclea a los rectores de las universidades públicas del país.

Si bien se trató de un encuentro con bajo perfil, trascendió que ambas partes lograron acercar posiciones y alcanzaron un principio de acuerdo sobre una mejora presupuestaria para el sector. Sin embargo, las negociaciones se frenaron por una condición impuesta por el Gobierno: que las universidades retiren la demanda judicial presentada ante la Corte Suprema para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La última medida de fuerza se llevó a cabo del 26 al 30 de mayo con retención de servicios en las principales universidades del país.

QUÉ OFRECIÓ EL GOBIERNO

La propuesta oficial contempla un aumento salarial del 24,3% para docentes universitarios. Ese incremento busca compensar parte de la pérdida del poder adquisitivo acumulada entre 2024 y lo que va de 2026.

El esquema planteado prevé un pago en dos tramos: un 21,3% en junio y el 3% restante en octubre.

Además, el Ejecutivo ofreció:

• Un aumento del 50% para las becas Manuel Belgrano.
• Un incremento del 20% para gastos de funcionamiento de las universidades.
• Un fondo extra de 50 mil millones de pesos para hospitales universitarios.

También se propuso crear una comisión técnica para revisar las partidas adeudadas correspondientes a 2024 y establecer negociaciones paritarias cada tres meses.

EL PUNTO QUE TRABÓ EL ACUERDO

Pese a que desde el ámbito universitario consideraron que la oferta era “razonable”, el acuerdo no prosperó por el pedido del Gobierno de retirar la demanda judicial vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario.

La ley, aprobada por el Congreso, obliga al Estado a actualizar salarios y becas de acuerdo a la inflación. Según las universidades, el incumplimiento de esa norma representa una deuda cercana a los 2,5 billones de pesos.

Desde el Ejecutivo sostienen que cumplir con ese esquema afectaría el objetivo de mantener el superávit fiscal.

Los rectores rechazaron retirar la demanda y remarcaron que la presentación judicial funciona como una garantía para defender el presupuesto universitario.

“Eso no va a suceder”, señalaron desde el sector universitario, aunque dejaron abierta la posibilidad de seguir negociando.

Mientras tanto, ambas partes continúan buscando una salida al conflicto que mantiene en alerta a las universidades públicas de todo el país.

Con información de TN, editada y redactada por un periodista de ADNSUR