La Cámara de Diputados de Santa Cruz sancionó la Ley de Emergencia Comercial, Industrial y Pyme. La medida rige hasta el 31 de diciembre de 2026 y otorga beneficios a quienes cuenten con certificado MiPymes y revistan calidad de Contribuyentes Puros o de Convenio Multilateral con domicilio fiscal en la provincia.

En diálogo con Tiempo FM 97.5, el diputado de Puerto Deseado, Carlos Santi, celebró la aprobación aunque lamentó que la norma no alcance a un universo más amplio.

“La emergencia comercial tiene que ver con la crisis económica que está viviendo el país. Más allá de que hay algunos defensores a ultranza de este plan económico en la calle, la gente lo ve cada vez que va a comprar. Se ha resentido el consumo y está repercutiendo en los comercios. Y si bien esta ley no alcanza a todos, es un paliativo sobre todo para las empresas o las minipymes que tenían la espada de Damocles de ARCA colgando la cabeza por falta de algunos pagos a los impuestos”, expresó. 

Santi remarcó que “era necesario” que se aprobara la ley. “Hacía falta parar este posible juicio por incumplimiento al fisco”, indicó.

Sin embargo, insistió en que “queda fuera del rango mucha gente que no está como minipymes”. A modo de ejemplo, mencionó a pequeños monotributistas. 

“Habría que haber hecho una cosa mucho más amplia, pero por lo menos está. Hubiese sido bueno que en las reuniones hubiesen invitado también a la oposición, que hubiesen tenido más participación las cámaras de Comercio del interior. Es muy difícil que haya algún agregado en las próximas sesiones, por ahora pareciera imposible”, señaló.

Por otro lado, Santi se refirió a la renuncia de Fernando Españón.

“En realidad, como Cámara tendríamos que haber actuado hace un año, como lo veníamos pidiendo en diversas extraordinarias. Hubiese sido mejor que aceptáramos el pedido de los jueces de sacarle los fueros y suspender al diputado”, expresó.

Tanto la renuncia de Españón, acusado y procesado por causas de abuso sexual, como de Pedro Luxen, por motivos políticos, se aprobaron por unanimidad.

Por último, tras la aprobación de la reforma laboral, Santi auguró que 2026 “va a ser un año difícil”.

“Esta ley que se votó ayer, que es un mamarracho jurídico que seguramente va a ser declarado inconstitucional, también hace perder parte de la coparticipación a las provincias, golpea de lleno los jubilados, hay una baja de aporte de las empresas, pero aparte hay porcentajes que van a un fondo a indemnizaciones y es lo peor que se podría haber votado”, manifestó.

“Lamentablemente, las provincias que acompañaron, entre ellas la nuestra, después se van a encontrar con el problema de la baja de coparticipación”, finalizó.

Fuente: Tiempo sur