La familia de Carlos Alberto Coronel difundió un comunicado en el que realizó una serie de aclaraciones sobre la causa judicial que investiga la muerte de una persona durante un procedimiento policial en la Comisaría Séptima de Río Gallegos. En el documento, manifestó su preocupación por el tratamiento público del caso y reclamó que se diferencie el grado de intervención que tuvo cada uno de los tres efectivos policiales imputados.

En primer término, los familiares aclararon que Coronel pertenece al Comando Radioeléctrico de Río Gallegos y no a la Comisaría Séptima, cuyos efectivos intervinieron inicialmente en el procedimiento. Según explicaron, su incorporación al operativo se produjo a partir de un requerimiento de apoyo solicitado por el personal que ya se encontraba en el lugar.

En ese sentido, consideraron que resulta fundamental conocer las circunstancias particulares de cada intervención, ya que, según plantearon, los efectivos no llegaron al procedimiento en las mismas condiciones ni necesariamente tuvieron idéntica participación en los acontecimientos que posteriormente quedaron bajo investigación.

Asimismo, señalaron que Coronel cuenta con una extensa trayectoria dentro de la institución policial, con años de servicio, instancias de formación y capacitación, y experiencia en la transmisión de conocimientos a otros efectivos en materia de reducción, seguridad e intervención urbana. Aclararon que mencionan esos antecedentes como parte de su recorrido profesional y no como un argumento por encima de los hechos investigados.

Otro de los puntos centrales del comunicado estuvo dirigido a los medios de comunicación. La familia reconoció el interés público que genera el caso y el papel del periodismo para informar, aunque pidió mayor rigurosidad, equilibrio y contextualización en la cobertura.

En esa línea, advirtieron que las generalizaciones y la difusión reiterada de información sin las distinciones necesarias pueden generar conclusiones anticipadas en la sociedad, mientras el proceso judicial continúa en desarrollo.

También convocaron a lectores y espectadores a informarse, contrastar las distintas versiones y conocer la secuencia de los acontecimientos antes de establecer conclusiones sobre la actuación de cada efectivo.

Preocupación por la presión pública

En otro tramo, los familiares manifestaron su preocupación por la exposición pública, política y mediática que adquirió el caso y por la posibilidad de que ese contexto pueda condicionar el desarrollo de la investigación y las decisiones judiciales.

Si bien aclararon que no afirman que exista una decisión predeterminada ni atribuyen intenciones a las autoridades, reclamaron que se preserve la independencia judicial, el debido proceso y la presunción de inocencia. "La celeridad de un proceso no debe confundirse con la precipitación", sostuvieron, al considerar que la necesidad de brindar respuestas a la sociedad no debe desplazar el análisis individual de las conductas investigadas.

Finalmente, la familia aseguró que no pretende interferir en la investigación ni establecer anticipadamente responsabilidades o inocencias. Su pedido, indicaron, es que las pruebas y los testimonios permitan reconstruir lo sucedido y que la actuación de cada uno de los imputados sea evaluada de manera individual. "No pedimos privilegios ni un trato diferencial. Pedimos que se informe con responsabilidad, que no se confunda imputación con culpabilidad y que se respete el derecho de cada persona a que su actuación sea analizada de manera individual", concluyeron.

FUENTE: TIEMPO SUR