El Senado de la Nación aprobó en general el proyecto de reforma de la Ley de Salud Mental, que introduce modificaciones en los criterios para disponer internaciones involuntarias, amplía el abordaje de las adicciones e incorpora nuevas herramientas para la atención de pacientes. La iniciativa consiguió 42 votos afirmativos y 21 negativos, por lo que ahora será girada a la Cámara de Diputados.

Al comienzo de la sesión, además, juró como nueva senadora Claudia López, quien asumió en reemplazo de Juan Carlos Pagotto.

El dictamen de mayoría reunió el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Movimiento por Misiones, Primero los Salteños, Despierta Chubut, Provincias Unidas y Movere Santa Cruz. En tanto, el rechazo sumó 21 votos de los bloques Justicialista, Independencia y Convicción Federal.

El tratamiento del proyecto comenzó después de las 22.30, una vez aprobadas las iniciativas vinculadas con inversiones relevantes y el Mercado Voluntario de Carbono.

La propuesta había sido enviada por el Gobierno nacional, pero recibió modificaciones sustanciales para conseguir los apoyos necesarios. Según la información del debate, sin esos cambios no era posible avanzar con una iniciativa que generaba objeciones entre bancadas aliadas de La Libertad Avanza y representantes de gobiernos provinciales.

Entre los principales puntos acordados se establece que un médico, preferentemente psiquiatra, podrá disponer una internación involuntaria en determinadas circunstancias. También se incorpora un mecanismo de asistencia financiera entre la Nación y las provincias, se mantiene la prohibición de los manicomios y se amplía el reconocimiento de las adicciones como problemas de salud mental, lo que permitirá incluir casos de ludopatía.

Qué establece el proyecto sobre las internaciones involuntarias

El dictamen de mayoría fija las condiciones para recurrir a este tipo de internaciones y señala: "La internación involuntaria de una persona debe concebirse como recurso terapéutico excepcional en caso de que no sean posibles los abordajes ambulatorios, y solo puede realizarse cuando medie una situación de riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de sí misma o de terceros, la que debe ser evaluada por el equipo interdisciplinario".

Durante la apertura del debate, la presidenta de la Comisión de Salud, la senadora libertaria Ivana Arrascatea, resumió el objetivo de la reforma con una expresión: "si tuviera que resumir este dictamen de reforma a la Ley de Salud Mental en una palabra sería: 'llegar a tiempo'".

"Llegar a tiempo significa pasar del riesgo inminente al riesgo grave, mirando la historia completa del paciente", remarcó.

Además, consideró que la normativa vigente fue "insuficiente" y sostuvo que "hay que dotar al sistema de herramientas adecuadas".

Por su parte, Guillermo Andrada, de Convicción Federal, presentó un dictamen de minoría junto a Carolina Moisés y Sandra Mendoza. Durante su intervención, planteó: "La Ley de Salud Mental fracasó por sus principios? No, fracasó por lo que no hay, recursos que deben ser aplicados a esa ley. El modelo comunitario no fue acompañado por los recursos que le corresponden".

El senador radical Maximiliano Abad también se refirió a la situación de quienes atraviesan problemas de salud mental y consumos problemáticos. "nadie puede ser indiferente al dolor que atraviesan miles de argentinos que sufren padecimientos mentales y consumos problemáticos", afirmó.

"Esta ley se ha mejorado mucho pero tengo diferencias con la permanencia indefinida de hospitales monovalentes: los manicomios", agregó.

En tanto, Carlos Arce, de Movimiento por Misiones, sostuvo que "cada provincia debe contar con los medios necesarios para cumplir con esta Ley de Salud Mental y garantizar así que su población reciba la atención que necesita".

"Con esta incorporación, expresamos nuestro acompañamiento al dictamen", precisó.

El senador Gerardo Zamora cuestionó el financiamiento previsto para implementar los cambios y advirtió que con esta "reforma se le cargan a las provincias nuevas tareas" sin que se contemplen "los recursos". En ese sentido, preguntó: "Vamos a discutir leyes como se financia la salud".

"Sin recursos no hay salud, no hay federalismo y no hay salud", agregó el representante del Frente Cívico y Social de Santiago del Estero.

Al cerrar el debate, la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, defendió el carácter excepcional de las internaciones involuntarias. "Lo estamos planteando que esta internación involuntaria es excepcionalidad ya que el objetivo es trabajar en la prevención".

"Acá se han planteando varias opciones", añadió la exministra de Seguridad de la Nación y aseguró que los hospitales especializados "no son manicomios".

Los principales cambios de la reforma de la Ley de Salud Mental

El texto aprobado incorpora una serie de modificaciones en los procedimientos de internación y en la organización del sistema de atención:

• Internaciones involuntarias: se habilitan ante un riesgo grave para la vida o la integridad física de la persona o de terceros. En situaciones de emergencia, podrán ser dispuestas por un solo médico.

   

• Financiamiento: se establece la cooperación económica entre el Estado nacional y las provincias. Los recursos destinados a ese fin deberán estar contemplados en el Presupuesto Nacional.

   

• Evaluación médica: el equipo interdisciplinario tendrá un plazo de 48 horas para revalidar la internación. También se permitirá realizar teleconsultas con un psiquiatra.

   

• Intervención judicial: la internación deberá ser comunicada a la Justicia. La normativa anterior establecía que la decisión debía ser tomada por un juez.

   

• Plan de egreso: deberá elaborarse desde el momento del diagnóstico como requisito para la internación. Además, se tendrá que notificar anticipadamente al representante legal, al cónyuge conviviente, a los padres o a los hijos para coordinar las condiciones de salida.

   

• Adicciones: se amplía su alcance para que la ludopatía pueda ser considerada un problema de salud mental.

   

• Atención de menores: los niños y adolescentes deberán ser atendidos por equipos especializados en población infantojuvenil y permanecer internados en espacios separados de los adultos.

   

• Manicomios: se mantiene la prohibición de crear este tipo de instituciones.