Entidades representativas del comercio y de las pequeñas y medianas empresas de Santa Cruz se declararon en estado de alerta ante la situación económica que atraviesa el sector y reclamaron la implementación de medidas conjuntas entre el Estado provincial, los municipios y el ámbito privado.

El planteo quedó expresado en un documento elaborado tras un encuentro realizado en la sede de la Cámara de Comercio, Industria y Afines de Río Gallegos, del que participaron comerciantes, empresarios y representantes de cámaras de distintas localidades santacruceñas.

Según indicaron las entidades, el comercio y las PyMEs provinciales atravesaron durante 2026 una crisis caracterizada por el cierre de establecimientos, la caída del consumo, el incremento de los costos operativos, dificultades para acceder al financiamiento y problemas para sostener puestos de trabajo.

En el documento señalaron que comercios y emprendimientos cerraron sus puertas en distintos puntos de Santa Cruz y advirtieron que algunos de ellos contaban con décadas de actividad.

También vincularon la retracción de las ventas con la pérdida del poder adquisitivo de las familias y con los incrementos registrados en tarifas de servicios, alquileres y productos de consumo habitual.

Entre los indicadores mencionados, las entidades afirmaron que Santa Cruz se ubicó como la segunda provincia del país con mayor nivel de morosidad, con un 23,8% de deudores con pagos atrasados, de acuerdo con datos atribuidos al Instituto Argentina Grande sobre información del Banco Central de la República Argentina.

El sector empresarial también expresó preocupación por la situación del empleo privado y sostuvo que la desocupación en Río Gallegos se encontró entre las más elevadas del país y fue la segunda más alta de la Patagonia.

Otro de los puntos incluidos en el documento estuvo relacionado con el mercado inmobiliario. Las entidades asociaron el aumento de viviendas, comercios y propiedades ofrecidas en alquiler o venta con la salida de familias de Santa Cruz, situación que consideraron una de las señales de la crisis económica provincial.

Reclamos por impuestos, embargos y falta de crédito

Los representantes comerciales cuestionaron además el crecimiento de las tarifas, impuestos, tasas y alquileres en un contexto de caída de las ventas.

Aseguraron que esta combinación redujo los márgenes de rentabilidad e imposibilitó nuevas inversiones, mientras que los embargos aplicados por organismos recaudadores sobre cuentas o bienes de empresas en dificultades podían terminar provocando el cierre definitivo de los establecimientos.

El documento también planteó problemas para acceder a líneas de crédito destinadas al capital de trabajo y demoras en los pagos a proveedores del Estado, situación que, según sostuvieron, provocó dificultades financieras para las empresas.

Asimismo, las cámaras señalaron como factores adicionales la venta informal, el crecimiento del comercio electrónico y la falta de aplicación de políticas de compre local.

Cuestionamientos a Santa Cruz Puede

Las entidades dedicaron un apartado específico a la participación del Estado provincial en determinadas actividades comerciales y cuestionaron la creación de la empresa estatal Santa Cruz Puede S.A.U.

En el documento consideraron que la compañía representa una competencia desigual respecto del sector privado por las diferencias existentes en materia de rentabilidad, cargas y obligaciones.

Aclararon, sin embargo, que la empresa estatal no constituye el origen de la crisis comercial, aunque definieron su funcionamiento como una señal que genera preocupación dentro del sector.

Los representantes empresariales sostuvieron además que el cierre de comercios y PyMEs no sólo repercute sobre los propietarios y trabajadores, sino también sobre la actividad económica, el empleo y la recaudación tributaria provincial y municipal.

Pedido de medidas inmediatas

Ante este escenario, las cámaras y entidades comerciales se declararon en estado de alerta y solicitaron que la situación del sector sea incorporada como una prioridad dentro de las políticas públicas provinciales y municipales.

También propusieron la creación de un ámbito de trabajo permanente entre el Estado y el sector privado para analizar medidas destinadas a sostener el entramado comercial y productivo de Santa Cruz.

El documento fue firmado por el presidente de la Federación Económica de Santa Cruz, Guillermo Polke; el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Afines de Río Gallegos, Leandro Fadul; y las vicepresidentas de la FESC Miriam Georgia, Cristina Aranda y Cecilia Castro.

La presentación contó además con la adhesión de cámaras y entidades comerciales y PyME de distintas localidades de la provincia que participaron del encuentro.

fuente: tiempo sur