La investigación por la muerte de un bebé hallado en un basural de Perito Moreno atravesó distintas etapas: comenzó con la detención de una pareja que luego fue liberada, continuó con el arresto de una mujer de 27 años y una acusación por homicidio calificado por el vínculo, y finalmente derivó en una falta de mérito, su liberación y un pedido de sobreseimiento presentado por la defensa.

A fines de enero de 2025, trabajadores que buscaban metales en un basural municipal de Perito Moreno encontraron una bolsa con el cuerpo sin vida de un recién nacido. Según la información difundida en ese momento, el bebé llevaba varias horas muerto cuando fue hallado. La Opinión Austral siguió de cerca cada paso de la investigación.

La autopsia fue realizada en la morgue judicial de Puerto Deseado. En una primera etapa de la investigación, los informes publicados señalaron que el bebé habría nacido con vida y que su fallecimiento se habría producido por falta de atención médica. También se indicó que no presentaba signos de violencia.

Sin embargo, con el avance del expediente surgieron dudas sobre las circunstancias exactas del nacimiento y la muerte. Un examen histológico realizado a partir de muestras y tejidos no permitió establecer con certeza si el bebé había nacido con vida. Esa incertidumbre tuvo un peso central en las decisiones judiciales posteriores.

La detención de la mujer de 27 años

La investigación avanzó con dos allanamientos realizados en un complejo de viviendas de Perito Moreno. Durante los operativos fue detenida una mujer de 27 años, madre de otros tres hijos, quien atravesaba una situación económica muy delicada. Al momento de su detención, se habría quebrado y comenzado a llorar: “Me arrepiento, me arrepiento de lo que hice”.

Asimismo, la joven estuvo internada en un centro de salud recuperándose por las perdidas que tenía al haber atravesado un parto reciente. Luego de recibir el alta médica, fue trasladada al Juzgado de Las Heras. Allí fue indagada por el juez subrogante Guillermo Ghío.

En una primera etapa, la Fiscalía sostuvo que la investigación podía encuadrarse como homicidio calificado por el vínculo, un delito que contempla la pena de prisión perpetua. El fiscal Ariel Candia describió la acusación como “gravísima” y señaló que, debido a la calificación legal, el Ministerio Público Fiscal se oponía a que la mujer accediera a una prisión domiciliaria.

Cabe destacar que la defensa, representada por el abogado Alberto Luciani, había solicitado que cumpliera la medida en su domicilio, argumentando que era madre de tres niños, el único sostén económico de la familia y que atravesaba problemas personales y un fuerte desborde emocional.

El traslado a Río Gallegos y la liberación

Tras la indagatoria, el juez resolvió que la mujer continuara detenida. En una primera instancia, se estableció un plazo de 10 días hábiles para resolver su situación procesal. Posteriormente fue trasladada a una unidad penitenciaria de Río Gallegos, donde permaneció privada de su libertad mientras avanzaba la investigación.

La Fiscalía sostenía que debía continuar detenida debido a la gravedad de la acusación y a la posibilidad de que el caso derivara en una condena a prisión perpetua. Mientras tanto, la defensa insistía en que no existían elementos suficientes para sostener que la mujer hubiera provocado la muerte del bebé.

Con el paso de las semanas, el expediente llegó al Juzgado de Recursos. En esa instancia, el juez Carlos Borges dictó la falta de mérito y ordenó la liberación de la mujer. La decisión se basó en la falta de elementos suficientes para determinar que la acusada hubiera causado la muerte del recién nacido. También se consideró que las pericias histológicas no permitían establecer con certeza si el bebé había nacido con vida.

La resolución dejó sin efecto la continuidad de la prisión preventiva, aunque la mujer quedó vinculada a la investigación mientras se define el futuro de la causa. El magistrado también dispuso la intervención de la Oficina de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para colaborar en la revinculación de la mujer con sus hijos.

Cómo avanza la causa actualmente

La defensa de la joven, del abogado Alberto Luciani, le informó a La Opinión Austral que solicitó el sobreseimiento definitivo de la causa y advirtió que podría presentar una queja por retardo de justicia si el Juzgado de Instrucción N° 1 de Las Heras no resuelve el planteo. El magistrado a cargo del juzgado es Eduardo Cimini.

Según explicó su representante legal, el pedido de sobreseimiento fue presentado en junio y todavía no obtuvo una respuesta. Ante la demora, la defensa presentó un pronto despacho para que el juzgado se expida en relación con la situación procesal de la joven.

El abogado señaló que, si no existe una resolución en los próximos días, la defensa recurrirá al Juzgado de Recursos de Caleta Olivia mediante un planteo por retardo de justicia.

El origen de la situación se remonta a una resolución adoptada el año pasado por el Juzgado de Recursos, a cargo del juez Carlos Borges, luego de que la defensa apelara el procesamiento con prisión preventiva que pesaba sobre la joven. En esa instancia, el procesamiento fue revocado y se dictó la falta de mérito.

A partir de ese momento, según explicó la defensa, el Juzgado de Instrucción N° 1 de Las Heras contaba con un plazo de un año para incorporar nuevas pruebas que permitieran modificar nuevamente la situación procesal de la imputada.

De acuerdo con el planteo, durante ese período el juzgado podía reunir elementos para avanzar hacia un nuevo procesamiento o, si no lograba incorporar pruebas suficientes, debía dictar el sobreseimiento definitivo. “Pasó el año y tiene que dictar el sobreseimiento. Eso es lo que estamos pidiendo”, sostuvo Luciani en diálogo con este medio.

FUENTE: LA OPINION AUSTRAL