La Cámara de Diputados de Santa Cruz llevó adelante este jueves la 11° Sesión Ordinaria, en la que aprobó la denominada “Ley Facu”, una iniciativa impulsada por la diputada Adriana Nieto.

La norma establece un marco regulatorio para la figura del “Acompañante como vínculo socio afectivo al Docente”, destinada a trabajadores de la educación que se encuentren atravesando investigaciones sumarias, sumarios u otros procedimientos administrativos.

Durante la sesión estuvo presente Graciela Riquelme, mamá de Facundo Díaz, el profesor de música que se suicidó en 2019 luego de haber sido acusado falsamente de abusar de un menor en un jardín de infantes. El caso fue incorporado a los fundamentos del proyecto como antecedente para la creación de un mecanismo de acompañamiento para docentes sometidos a este tipo de procedimientos.

Acompañamiento desde el inicio del proceso

De acuerdo con la ley aprobada, cada docente podrá designar un vínculo socioafectivo para que lo acompañe durante el proceso administrativo. La persona elegida deberá estar presente desde el momento previo a la notificación de la investigación o sumario y durante las distintas instancias de las actuaciones.

class="banner-box" style="box-sizing: border-box; transition: 0.3s; padding: 0px; margin: 0px auto 40px; display: flex; justify-content: center; background-color: #f7f7f7; color: #333333; font-size: 20px;">

El vínculo podrá ser modificado cuando el docente lo considere necesario y sus datos deberán quedar registrados en el cuaderno de notificaciones correspondiente.

La norma establece además que, desde la notificación y durante la tramitación del expediente, deberán resguardarse los derechos del trabajador de la educación.

Uno de los puntos centrales es la activación de un protocolo de acompañamiento, cuidado, protección jurídica y terapéutica, en caso de ser necesario, para docentes de los niveles Inicial, Primario, Secundario y Terciario.

class="banner-box" style="box-sizing: border-box; transition: 0.3s; padding: 0px; margin: 0px auto 40px; display: flex; justify-content: center; background-color: #f7f7f7; color: #333333; font-size: 20px;">

El equipo estará conformado por abogados y psicólogos, quienes deberán acompañar al docente durante el proceso administrativo y judicial hasta su resolución, con la autarquía prevista por la normativa.

Otro de los artículos establece que el salario del docente no deberá ser afectado mientras dure el proceso y se encuentre pendiente su resolución.

El caso Facundo Díaz

En los fundamentos del proyecto, los autores señalaron la existencia de docentes que atraviesan investigaciones sumarias y sumarios que pueden extenderse durante varios años. Según se plantea, algunos procedimientos llevan entre cuatro y ocho años sin resolución, con trabajadores que permanecen alejados de sus puestos de trabajo.

class="banner-box" style="box-sizing: border-box; transition: 0.3s; padding: 0px; margin: 0px auto 40px; display: flex; justify-content: center; background-color: #f7f7f7; color: #333333; font-size: 20px;">

La iniciativa sostiene que la extensión de estos procesos puede generar un deterioro humano, económico y psicológico, además de afectar el ámbito educativo.

También plantea la necesidad de garantizar el principio de inocencia, al considerar que corresponde a la Justicia determinar la responsabilidad penal de una persona y, eventualmente, establecer las sanciones correspondientes.

En ese marco, los fundamentos recuperan el caso de Facundo Díaz, a quien califican como “doblemente víctima”: por la condena pública frente a un hecho que, según el proyecto, nunca tuvo una resolución judicial y por la falta de medidas de contención y acompañamiento institucional.

“Es nuestra intención, que por esta norma, esta situación no se repita”, señala el texto aprobado por la Legislatura provincial.

El proyecto fue firmado por los diputados Adriana Nieto, Cristian Ojeda y Claudia Urrutia y quedó convertido en ley durante la 11° Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados de Santa Cruz.

FUENTE: La opinión austral