Tras el cambio de gestión municipal de 2023, en la localidad de Pico Truncado, un total de 18 trabajadores municipales han perdido su empleo por consumo de drogas, legales e ilegales, luego de haber sido perseguidos durante varios meses y en lo que según plantea el concejal Carlos Moron, termina siendo una decisión algo injusta, partiendo desde la base lógica relacionada a que ningún funcionario público, en ninguno de los niveles del Estado, se somete a controles estrictos de toxicología, sembrando un manto de sospecha permanente en la comunidad.

En este caso, la iniciativa presentada por el concejal Carlos Moron, y que en las últimas horas obtuvo dictamen favorable de la Comisión de Legislación General del Honorable Concejo Deliberante de Pico Truncado, para ser tratado en la sesión de mañana, exige la presentación obligatoria de un certificado negativo de presencia de drogas ilegales y alcohol al momento de asumir el cargo, así como la realización de controles periódicos, aleatorios y sin previo aviso.

En proyecto de ordenanza remarca que “para velar por la transparencia e imparcialidad del proceso, se creará la Comisión Municipal de Control y Transparencia Toxicológica, integrada de forma ad honorem por concejales de los distintos bloques, representantes del Departamento Ejecutivo, del sindicato ATE, del Consejo de Pastores Evangélicos (COPAE) y el cura párroco de la Iglesia Católica local”, y asegura que “los análisis se realizarán bajo estrictos protocolos de confidencialidad protegidos por la Ley Nacional N° 25.326 de Protección de los Datos Personales”.

Morón señaló a TiempoSur que el proyecto ha tomado trascendencia regional por su alto impacto social. “Este proyecto surge después de que han despedido a muchos empleados municipales, ante problemas de consumo que derivaron en que algunos terminaron asentándose de su lugar de trabajo”, comentò el edil al detallar que “a los empleados municipales les hacen alcholemia y algunas pruebas de estupefacientes, pero no así los cargos electos y los cargos políticos que son designados, por lo que planteamos de cara a la sociedad que todos iguales ante la ley y deberíamos someternos a este tipo de examen”. 

Según el proyecto, ante un resultado positivo o ante la negativa a realizar la prueba, el funcionario será suspendido preventivamente sin goce de haberes, al mismo tiempo que dispondrá de 48 horas para solicitar una contraprueba con perito de parte. De confirmarse el resultado positivo, se procederá al cese en la función pública o a la activación del procedimiento de revocación de mandato, siendo los costos de los exámenes asumidos en su totalidad por cada funcionario obligado.

Expectativa social 

El concejal autor del proyecto señaló que si bien en primer momento había encontrado la oposición de los concejales alineados al ejecutivo municipal, el castigo social ante la negativa, terminó derribando en la revisión de la postura, por lo que tiene altas expectativas en que el proyecto salga aprobado este miércoles de la sesión ordinaria que celebrará los ediles. “El proyecto tuvo un impacto social positivo, a la gente le interesó la propuesta y el escarnio social que se vivía hizo que los que estuvieron en contra analizaran su postura, pero estuvo casi un año detenido el proyecto”, comentó. 

Por último señaló que en su comunidad existe una “sensación de alto cosumo” y explicó que no solo es alrededor de los trabajadores y funcionarios municipales, sino que también ha ayudado a esto la situación ligadas al sector privado dentro del petróleo, la minería. En el imaginario social está eso. El proyecto aclarará lo que la gente piensa, desde el lugar donde tenemos responsabilidades y si no estamos a la altura de la circunstancia debemos también dar explicaciones. y hacernos cargo. Este es un mensaje a la comunidad de que somos todos iguales ante la ley”.

fuente: tiempo sur