Promediando esta mañana, las federaciones docentes Fedun, Fatun, Conadu, Conadu Histórica, y del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que agrupa a los rectores de más de 60 universidades de todo el país, se dan cita en el marco de una convocatoria paritarias llamada por el Gobierno Nacional. 

La reunión se da a casi un año de incumplimiento de la ley de Financiamiento, aprobada dos veces por el Congreso, promulgada y avalada por la Justicia y que obliga al gobierno nacional a actualizar fondos correspondientes a presupuesto, salarios y becas en las universidades.

Vale la pena mencionar que, tras el aval a la cautelar, el gobierno debería haber recompuesto el salario de los docentes y NODOCENTES de las universidades en orden al 52%, pero sólo actualizó un 21%, con lo que resta completar la deuda salarial acumulada durante tres años, uno de los principales reclamos de los docentes nucleados en ADIUNPA.

Desde el gremio que representa a los docentes de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, señalaron, ante el inicio de la negociación, que “desde diciembre de 2023, los salarios de la docencia universitaria y preuniversitaria vienen perdiendo sistemáticamente frente a la inflación. A julio de 2026, la inflación acumulada alcanzó el 328,6%, mientras que la actualización salarial fue del 226,8%. Como consecuencia, nuestro salario perdió un 23,8% de poder adquisitivo”, y remarcaron: “Para recuperar la capacidad de compra que teníamos en noviembre de 2023, sobre el salario de julio se necesita una actualización del 31,2%. No es un aumento por encima de la inflación: es lo necesario para recuperar lo perdido. El aumento del 21,33% de junio redujo parcialmente la deuda salarial, pero no alcanzó para recomponerla. En julio, con una inflación del 2,1% y sin aumento salarial, la deuda volvió a crecer”.

Ante este panorama, los referentes expresaron que “la paritaria nacional de este 1 de septiembre es una instancia central. No puede ser una mera formalidad: debe permitir saldar la deuda salarial acumulada y establecer un mecanismo que garantice actualizaciones mensuales, como mínimo, equivalentes a la inflación”.

Además, hicieron hincapié en que “la convocatoria es una obligación establecida por la Ley de Financiamiento Universitario. El Gobierno debe cumplir la ley, cumplir la medida cautelar y pagar la deuda salarial”. 

“La defensa del salario es también la defensa de la Universidad Pública. Sin salarios dignos, se expulsan docentes e investigadores, se dificulta la incorporación de nuevas generaciones y se debilita la producción de conocimiento”, sentenciaron.

fuente: tiempo sur