La discusión entre el Municipio de Río Gallegos y el Gobierno de Santa Cruz por los aportes previsionales tiene un punto de definición en los recursos que la Provincia transfiere a las comunas en concepto de coparticipación.

En diálogo con Radio Nuevo Día, Diego Robles explicó que hoy, el día de la transferencia, es especialmente relevante porque permitirá  conocer, en términos concretos, si existía algún descuento sobre los fondos que correspondían a Río Gallegos.

 Robles aseguró que el Municipio no había sufrido retenciones sobre la coparticipación. Sin embargo, remarcó que la situación debía verificarse con cada transferencia, porque era allí donde podía observarse efectivamente qué monto ingresaba a las cuentas municipales.

El funcionario explicó que en esa jornada confluirían distintos conceptos de recursos que recibe la Municipalidad. Entre ellos mencionó la coparticipación nacional, los recursos vinculados con regalías y la distribución correspondiente a las regalías hidrocarburíferas.

Según el detalle brindado durante la entrevista, los recursos nacionales que llegan a la Provincia y luego se distribuyen a los municipios tienen un esquema de transferencia en distintos momentos del mes. Robles señaló que existen acreditaciones alrededor de los días 10, 20 y del último día de cada mes.

También explicó que existen transferencias vinculadas con regalías que se realizan en distintos momentos y que las regalías de gas y petróleo tienen un mecanismo específico de liquidación y posterior distribución.

El dato que el funcionario consideró central es que una proporción importante de los recursos que reciben los municipios se concentra hacia el final del mes. Según su estimación, entre el 60% y el 70% de la coparticipación municipal puede ingresar en esa instancia, aunque aclaró que la proporción varía de acuerdo con el mes.

Por qué existe una disputa por los aportes previsionales

El conflicto tiene como eje las obligaciones previsionales de los municipios y la posibilidad de que la Provincia utilice fondos coparticipables para recuperar recursos vinculados con aportes que deben ingresar a la Caja de Previsión Social.

La discusión escaló durante 2026 después de que la Justicia dejara sin efecto una medida cautelar que impedía aplicar el artículo 22 de la Ley Provincial 1782, norma que permite recuperar mediante fondos de coparticipación determinados aportes previsionales adeudados por los municipios.

Desde el Municipio de Río Gallegos, Robles planteó que el problema no debía analizarse únicamente desde el punto de vista de una deuda previsional, sino también desde la autonomía municipal y el esquema de distribución de recursos entre la Provincia y las comunas.

El funcionario sostuvo que los municipios no pueden quedar sujetos a decisiones administrativas que impliquen afectar unilateralmente recursos que necesitan para sostener sus servicios y obligaciones.

El reclamo municipal se vinculó además con una discusión más amplia sobre la coparticipación provincial. Robles planteó que el debate debería incluir la distribución primaria de los recursos: es decir, cuánto queda en manos de la Provincia y cuánto corresponde distribuir entre los municipios.

La postura del Ejecutivo municipal también fue llevada a una movilización institucional y política en defensa de la autonomía municipal. En agosto, intendentes, funcionarios y trabajadores municipales participaron de una marcha en Río Gallegos contra posibles descuentos sobre la coparticipación.

El momento clave: cuándo se conocería si hubo descuento

Robles fue claro respecto del mecanismo mediante el cual el Municipio podría determinar si la Provincia había aplicado una retención: había que esperar la transferencia efectiva y revisar el monto acreditado.

El funcionario explicó que habitualmente el Ministerio de Economía provincial envía al banco el listado de transferencias una vez cerrado el proceso administrativo y que las acreditaciones suelen concretarse durante la tarde.

Por eso, la jornada adquiría especial importancia para las cuentas municipales. No se trataba solamente de una discusión política sobre la posibilidad de retener fondos, sino de comprobar cuánto dinero ingresaba efectivamente a las cuentas de Río Gallegos.

"Nosotros no hemos sufrido retenciones todavía", afirmó Robles durante la entrevista. A partir de allí, señaló que cada nueva transferencia sería una instancia para verificar si esa situación se mantenía.

La controversia tiene además una dimensión financiera: cualquier descuento sobre recursos coparticipables modifica el flujo de fondos disponible para un municipio que debe afrontar salarios, servicios, proveedores y otras obligaciones corrientes.

El conflicto, por lo tanto, quedó planteado en dos planos. Por un lado, la Provincia sostiene la posibilidad de hacer cumplir las obligaciones previsionales y recuperar recursos mediante los mecanismos previstos por la legislación; por otro, el Municipio cuestiona que esos fondos puedan ser afectados y reclama preservar la autonomía y la disponibilidad de los recursos coparticipables. La Provincia, posteriormente, sostuvo que no había efectuado retenciones sobre los fondos de Río Gallegos.

El punto central de aquella jornada era entonces concreto: saber si la transferencia de coparticipación llegaba completa o si aparecía algún descuento vinculado con los aportes previsionales.

El dato debía surgir de la acreditación bancaria y no solamente de declaraciones políticas. Por eso Robles había señalado que el Municipio estaría atento al movimiento de fondos de esa jornada, especialmente durante el horario habitual de las transferencias. 

fuente: diario nuevo dia