Un hombre quedó en la mira de la Justicia de Chubut luego de ser acusado de montar una presunta actividad ilegal vinculada a la instalación de televisión por cable en Puerto Madryn. Según la investigación, ofrecía conexiones clandestinas a particulares y comercios, cobrando alrededor de 80 mil pesos por cada trabajo realizado.

La causa avanzó en los últimos días con la formulación de cargos por parte del Ministerio Público Fiscal de Puerto Madryn, que presentó la imputación durante una audiencia realizada ante el juez Marcelo Orlando.

La investigación busca determinar el alcance de las maniobras denunciadas y establecer si existieron más conexiones ilegales realizadas bajo la misma modalidad en distintos sectores de la ciudad.

La denuncia que puso en marcha la investigación

El expediente judicial comenzó a partir de una denuncia radicada por la empresa Flux, prestadora del servicio de televisión por cable en la localidad portuaria.

De acuerdo con la presentación realizada ante la Fiscalía, el sospechoso ofrecía instalaciones por fuera del sistema formal y efectuaba conexiones desde postes ubicados en la vía pública hacia viviendas particulares y locales comerciales.

La situación generó preocupación en la empresa, que advirtió sobre posibles perjuicios económicos derivados de las conexiones irregulares, además de los riesgos técnicos y de seguridad que implican este tipo de intervenciones realizadas sin autorización.

El acusado fue identificado como Esteban Bladimir Arrighi.

Seguimientos e identificación del sospechoso

Tras recibir la denuncia, la Fiscalía dispuso medidas investigativas y solicitó la intervención de la División Policial de Investigaciones (DPI).

Durante las tareas de vigilancia y seguimiento, los investigadores lograron ubicar al sospechoso mientras realizaba trabajos vinculados al tendido de cableado. Esa observación permitió avanzar sobre la hipótesis planteada inicialmente por la empresa denunciante.

Posteriormente, técnicos de Flux inspeccionaron las conexiones detectadas y constataron que se trataba de instalaciones clandestinas.

Según se informó durante la audiencia judicial, las conexiones eran realizadas utilizando materiales que no pertenecían a la compañía prestadora y carecían de los elementos de seguridad exigidos para este tipo de servicios.

Allanamientos

Con las pruebas reunidas durante la etapa preliminar de la investigación, el Ministerio Público Fiscal solicitó órdenes de allanamiento que fueron autorizadas por la Justicia.

Durante los procedimientos se secuestró una camioneta Peugeot Partner que presuntamente era utilizada para trasladar materiales y herramientas destinadas a los trabajos de instalación.

Además, los investigadores incautaron equipamiento específico para tareas de fibra óptica y televisión por cable, cables coaxiales, arneses de seguridad y teléfonos celulares.

Los dispositivos electrónicos y demás elementos secuestrados serán sometidos a pericias para determinar si contienen información relevante que permita establecer la cantidad de conexiones realizadas y la posible existencia de otros clientes o puntos de instalación.

La figura penal que analiza la Fiscalía

La Fiscalía calificó provisoriamente los hechos como robo, delito previsto en el artículo 164 del Código Penal Argentino.

La apertura formal de la investigación marca el inicio de una nueva etapa procesal, en la que los investigadores continuarán recolectando evidencia y tomando medidas para esclarecer completamente el caso.

Mientras tanto, la causa permanece bajo análisis judicial y no se descarta que surjan nuevas actuaciones a medida que avance el estudio del material secuestrado durante los allanamientos.

Conexiones clandestinas

El caso generó repercusión en Puerto Madryn debido a que expone una modalidad que afecta a las empresas prestadoras de servicios y que, además, puede representar riesgos para usuarios y trabajadores.

Las conexiones clandestinas suelen realizarse sin controles técnicos ni medidas de seguridad adecuadas, lo que puede ocasionar fallas en la red, interrupciones del servicio e incluso accidentes durante las tareas de instalación.

Ahora será la Justicia la encargada de determinar las responsabilidades penales del acusado y establecer el alcance de una actividad que, según la investigación, habría funcionado de manera irregular mediante el cobro de instalaciones ilegales de televisión por cable en distintos puntos de la ciudad.

fuente: la opinion austral