La Cámara Criminal de la Primera Circunscripción Judicial dictó sentencia este lunes 22 de junio y condenó a Jorge Fernando Cruz a dos años de prisión de cumplimiento en suspenso por el delito de homicidio culposo agravado por la pluralidad de víctimas, en el marco de la causa por la muerte de dos operarios que cayeron desde una antena de radio en un trágico hecho ocurrido en 2019.

El fallo judicial se conoce tras años de investigación y debate oral por un episodio que conmocionó a la comunidad de Río Gallegos, donde perdieron la vida los trabajadores Michael “Camaleón” Iturra y Diego Sosa mientras realizaban tareas de montaje de una estructura de gran altura vinculada a un proyecto de difusión radial.

Condena en suspenso y reglas de conducta por cuatro años

Pese a la condena, Jorge Cruz no irá a prisión efectiva. El tribunal resolvió que la pena sea de cumplimiento en suspenso, aunque le impuso estrictas reglas de conducta por el plazo de cuatro años.

Entre las condiciones fijadas se incluyen:

• Fijar residencia y someterse al control del Patronato de Liberados y Excarcelados.
• Abstenerse del consumo de estupefacientes y del abuso de alcohol.
• Cumplir con todas las pautas establecidas bajo apercibimiento de revocación del beneficio.

Además, el fallo dispone la notificación formal a las familias de las víctimas y el avance de las actuaciones administrativas correspondientes.

En la misma sentencia, el tribunal resolvió la absolución de Rubén Rogelio Romero, quien también estaba imputado en la causa por homicidio culposo en concurso ideal. Los jueces aplicaron el beneficio de la duda y ordenaron dejar sin efecto todas las medidas cautelares y restricciones que pesaban sobre él.

El tribunal también dispuso la nulidad parcial de los alegatos de las querellas, según los fundamentos expuestos en la resolución judicial, marcando otro de los puntos relevantes del fallo.

La defensa de Cruz: “No nos vamos a quedar con esta condena”

Tras conocerse la sentencia, el abogado defensor de Jorge Cruz, Gabriel Giordano, adelantó que la defensa evalúa recurrir el fallo y cuestionó distintos aspectos de la resolución de la Cámara Criminal.

El letrado explicó que el tribunal resolvió, entre otros puntos, la nulidad parcial de los alegatos de las querellas. En ese sentido, sostuvo que “cuando se solicita una pena, debe estar debidamente fundamentada en el Código Penal. Eso hace al derecho de defensa y al debido proceso”, al señalar observaciones sobre la forma en que se plantearon los pedidos de condena durante el juicio.

También se refirió a la situación del otro imputado en la causa, Rubén Rogelio Romero, quien fue absuelto. Giordano indicó que “era uno de los co-imputados junto a Cruz, vinculado al desarrollo del proceso que terminó en el accidente”, y remarcó que la resolución judicial profundiza distintos aspectos de su participación en el hecho.

En relación a la estrategia procesal, confirmó que la defensa analiza presentar un recurso ante instancias superiores. “No nos vamos a quedar con esta condena. Vamos a evaluar el recurso de casación”, afirmó, al tiempo que cuestionó la estructura del sistema de revisión en la provincia, señalando la ausencia de una Cámara de Casación Penal y las demoras que, según indicó, existen en el Tribunal Superior de Justicia.

Giordano también advirtió sobre posibles limitaciones legales para recurrir fallos en determinados casos. “La normativa puede impedir la casación en penas menores a cinco años, lo que podría afectar el derecho de defensa en juicio y el principio de doble conforme”, expresó, en referencia a tratados internacionales y garantías constitucionales.

Finalmente, diferenció el plano penal del civil dentro de la causa y sostuvo que “no se discute el resarcimiento económico, sino la responsabilidad penal”. En ese marco, planteó que la teoría de la defensa se centra en la existencia del nexo causal entre la conducta atribuida y el resultado fatal, al considerar que ese punto será clave en la eventual revisión del fallo.

Una causa marcada por la tragedia

El hecho se remonta al 1 de febrero de 2019, cuando dos operarios que trabajaban en el montaje de una antena de radio fallecieron tras caer desde la estructura en un operativo que, según la investigación judicial, habría estado atravesado por irregularidades en materia de seguridad laboral.

Con la sentencia de primera instancia, la causa entra ahora en una nueva etapa que podría continuar en los tribunales superiores de la provincia.

fuente: la opinion austral