Una mujer de nacionalidad colombiana quedó en prisión preventiva luego de ser detenida por detectives de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brianco) de la Policía de Investigaciones (PDI) de Punta Arenas, tras retirar una encomienda que contenía cerca de 3,8 kilos de clorhidrato de cocaína.

La imputada, identificada como Lauren Borja Asprilla, de 28 años, fue aprehendida durante la tarde del lunes cuando acudió a una empresa de courier de la capital regional para retirar una caja enviada desde la Región Metropolitana. En el interior del paquete, los detectives encontraron cuatro envases que ocultaban la sustancia ilícita.

Posteriormente, la droga fue sometida a pesaje, estableciéndose que correspondía a 3,8 kilos de clorhidrato de cocaína. De acuerdo con los antecedentes de la investigación, la sustancia tendría un valor comercial superior a los 76 millones de pesos, evitando así que fuera distribuida en la comuna de Punta Arenas.

Durante la jornada de este martes, la mujer fue formalizada en el Juzgado de Garantía de Punta Arenas por el delito de tráfico ilícito de drogas.

El fiscal Fernando Dobson explicó que el tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público y decretó la medida cautelar de prisión preventiva debido a la gravedad de los hechos y al peligro que la imputada representa para la seguridad de la sociedad.

“Fue formalizada por delito de tráfico ilícito de estupefacientes y se dispuso la medida cautelar de prisión preventiva dada precisamente la gravedad de los hechos y la gran cantidad de droga incautada. Estamos hablando de más de 70 millones de pesos en relación al valor comercial que podría tener esta sustancia puesta en circulación en la comuna”, señaló el persecutor.

Asimismo, el fiscal indicó que las diligencias investigativas continúan para determinar si existen más personas involucradas en la operación. En ese contexto, explicó que este tipo de envíos requiere necesariamente coordinación entre distintos participantes.

“Este tipo de hechos necesariamente implica la participación de dos o más personas. Por ello, el trabajo investigativo asociado a la incautación de teléfonos celulares y otros elementos tecnológicos busca establecer la dinámica de los hechos y detectar la posible existencia de otros integrantes de esta organización”, agregó.

Según los antecedentes reunidos por la Fiscalía y la PDI, la droga había sido enviada desde la Región Metropolitana oculta al interior de una encomienda, modalidad que ha sido detectada en diversas oportunidades como mecanismo para intentar ingresar sustancias ilícitas a la Región de Magallanes.

El tribunal fijó un plazo de 60 días para el desarrollo de la investigación.

Por otra parte, desde el Gobierno se informó que los antecedentes del caso serán remitidos al Servicio Nacional de Migraciones con el objetivo de revisar la situación migratoria de la imputada y analizar los antecedentes vinculados a la obtención de su residencia en Chile, considerando que mantenía permanencia regular en el país desde el año 2024.

Con esta incautación, la Fiscalía y la PDI destacaron que se evitó la comercialización de una importante cantidad de droga en Punta Arenas, reforzando las acciones de persecución penal y combate al narcotráfico en la Región de Magallanes.

fuente : radio polar