En audiencias desarrolladas en la Oficina Judicial de Trelew, se revisó la situación procesal de Luis Gustavo De Godos, imputado en la investigación por el homicidio de Adriano Millacheo, ocurrido el 20 de noviembre de 2025. La causa es llevada adelante por el Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal general Gustavo Núñez y la funcionaria de fiscalía Ruth Ortega.

Durante la audiencia realizada el 1 de junio, los representantes de la fiscalía sostuvieron que los elementos reunidos hasta el momento permiten reconstruir el hecho investigado. Según la acusación, alrededor de las 5 de la mañana del 20 de noviembre, De Godos se presentó en la vivienda de Millacheo, ubicada sobre avenida de los Trabajadores de Trelew.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, el imputado saltó el portón del frente de la propiedad y, aprovechando la relación de confianza que mantenía con la víctima, ya que trabajaba como su jardinero, logró ingresar a la vivienda. Una vez en el interior, lo habría golpeado y reducido para luego atarlo de pies y manos.

La investigación sostiene que posteriormente sometió a Millacheo a diversos tormentos durante varias horas. Según expuso la fiscalía, "lo golpeó con los puños y con la culata de un arma de fuego, presuntamente propiedad de la víctima, le provocó lesiones cortantes con un arma blanca en la zona del cráneo y le ocasionó quemaduras con líquido caliente". Paralelamente, habría revisado distintas dependencias de la vivienda en busca de objetos de valor.

Según la comunicaron desde el MPF, "estos tormentos se prolongaron durante al menos cinco horas hasta que el agresor terminó con la vida de Millacheo y luego se retiró de la casa con elementos de la víctima, entre ellos un manojo de llaves perteneciente a las propiedades".

La fiscalía también indicó que, luego del hallazgo del cuerpo, De Godos se presentó en otro inmueble perteneciente a la víctima, ubicado en el barrio La Isla de Rawson, con la finalidad de apoderarse de más bienes.

Elementos probatorios incorporados a la investigación

Entre las pruebas reunidas por el Ministerio Público Fiscal se encuentra el informe forense que determinó que la muerte se produjo a raíz de "traumatismos en la zona craneal".

Asimismo, se incorporaron registros de cámaras de seguridad que habrían captado el ingreso y la salida del imputado de la escena del hecho, además del recorrido realizado hasta regresar a su domicilio. Según se informó, estos registros fueron analizados por la Brigada de Investigaciones y permitieron avanzar en la identificación y posterior detención del sospechoso.

Además están los testimonios que vinculan al agresor con la víctima que verifican el conocimiento de los movimientos, la triangulación de antenas, los allanamientos con resultados positivos y los dichos de quienes recibieron de parte de De Godos los elementos que pertenecían a Millacheo.

Ratificación de la medida

En la audiencia de control de detención, la jueza Carolina Marín consideró acreditada la materialidad del hecho y la probabilidad de autoría, valorando los elementos presentados por la fiscalía. También entendió que existían riesgos procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación.

La jueza tuvo en cuenta la gravedad de la imputación y la pena en expectativa, ya que el caso fue calificado provisoriamente como homicidio triplemente agravado por alevosía, ensañamiento y criminis causa, figura que contempla la prisión perpetua. Por ello, dispuso la continuidad de la prisión preventiva.

Posteriormente, a pedido de la defensa, el 2 de junio se llevó a cabo una audiencia de revisión ante dos magistrados. En esa instancia, el Ministerio Público Fiscal reiteró sus fundamentos y solicitó mantener la medida.

Tras analizar los planteos, la jueza Ivana González y el juez Fabio Monti concluyeron que los riesgos procesales continúan vigentes. Ambos magistrados profundizaron en la existencia de una grave sospecha de que el imputado podría entorpecer la investigación o influir sobre potenciales testigos si recuperara la libertad.

En consecuencia, resolvieron confirmar la prisión preventiva del imputado por el plazo de cuatro meses, período durante el cual se prevé la realización de la audiencia preliminar de una causa que será impulsada para su elevación a juicio por jurados.

(Fuente: Ministerio Público Fiscal)